Hace dos años, casi al día, el equipo de campaña del entonces candidato López Obrador, encabezado por su coordinadora, Tatiana Clouthier, presentó con bombo y platillo un texto que dibujaba lo que se supone sería el eje de las futuras políticas económicas de quien después se convertiría en nuestro presidente. El documento respondía a la última desavenencia entre López Obrador y los empresarios mexicanos, luego de que éstos pusieran un desplegado en los diarios pidiéndole diálogo en lugar de descalificaciones, pues AMLO constantemente los acusaba de hacerle propaganda negativa, complotando contra él en alianza con Anaya y Meade. En respuesta a la carta, el hombre que no tiene reversa les espetó que “Han tenido oportunidad de robar y no quieren perder el privilegio de mandar”.
“Pejenomics”, le llamaron sus entonces bomberos a la publicación digital, dirigida a “Quienes dudan de la viabilidad del programa económico” de Morena, cerrándolo todo con el hashtag #Abremaslosojos. Por más que los abrimos no encontramos allí mas que generalidades y buenos deseos que, ya lo vimos en los hechos, una vez en la silla López no tuvo el menor interés o la capacidad de sacar adelante, pareciendo más bien empeñado en podrir hasta lo poco que estaba sano. Bien sabemos que los problemas financieros, fiscales y económicos de México no comenzaron con AMLO ni con el coronavirus, pero esa tóxica conjunción de factores ha llevado hoy al país al peor momento del que se tenga memoria desde Luis Echeverría.
El miércoles pasado el presidente anunció que, para enfrentar la crisis, enviaría al Congreso lo que llamó un decreto, aunque más bien era una iniciativa de ley que, encima, parecía tan inoperante e insulsa como las propuestas del panfleto de hace dos años, nomás que más ominosa: el presidente pide allí la reducción voluntaria del sueldo de los altos funcionarios públicos y la supresión de sus aguinaldos, siendo lo último perfectamente ilegal; la eliminación de 10 subsecretarías, aunque manteniendo a todo su personal, con títulos y sueldos intactos; el recorte de 75 por ciento de servicios generales que, en la práctica, implica una parálisis de trámites y servicios que pondría al país de rodillas; posponer acciones y gastos a lo largo y ancho de las dependencias gubernamentales, excepto programas prioritarios como, adivinó usted, Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Al final, promete crear dos millones de empleos, sin jamás decir cómo.
Para lograr todas esas maravillas López Obrador pide que el poder Legislativo, hoy controlado por Morena —o séase, por él mismo—, le ceda la facultad de “Reorientar recursos del Presupuesto de Egresos ante emergencias económicas”. Es decir, que “Las dependencias y entidades deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y traspasarlos a la Secretaría de Hacienda”, donde, una vez allí, podrán ser dispuestos sin filtro alguno por el Ejecutivo.
Y hay quien sigue diciendo que la venezolanización de México es un mito genial.
@robertayque
