Llevan ya más de un sexenio gobernando México con la mayoría de los gobernadores, las Cámaras y recientemente el Poder Judicial bajo el ala de Morena. Sin embargo, en lo que en realidad es una involuntaria admisión de su fracaso e incapacidad, han elegido culpar de todos los males del país al panista Felipe Calderón, quien dejó Los Pinos en 2012.
De manera particular se ceban sobre su orden de enviar en diciembre de 2006 al Ejército a Michoacán, envío que fue solicitado por Lázaro Cárdenas Batel, el entonces gobernador de ese estado y hoy jefe del gabinete, aunque esa parte la omitan, junto al hecho de que en su turno al timón no solo no revirtieron los daños de las políticas del panista, sino que inflaron como zepelín el poder de los cárteles y la cifra de cadáveres, de desaparecidos y de masacres, jajaja.
Hoy la que despacha en Palacio, ante un nuevo recrudecimiento de la violencia causado primero por las políticas cómplices de su antecesor y mentor y luego por su necesidad de descabezar capos para apaciguar a la amenaza naranja —siempre cuidando de no mermar demasiado las operaciones de los cárteles, no fueran a creer—, ha lanzado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que, hay que decirlo, tiene de diferencia con el de Calderón que el panista desplegó a 6 mil 500 elementos, mientras que Sheinbaum enviará a poco más de 10 mil soldados y a casi 2 mil marinos.
La triste realidad es que el Plan Michoacán es, esencialmente, la misma palabrería que durante un sexenio nos prometió una y otra vez un sistema de salud como el de Dinamarca. Basta ver que en el presupuesto de 2026 no hay un solo peso etiquetado para el proyecto, aunque Sheinbaum haya anunciado que se le destinarán, en inversión mixta y sin explicar qué significa eso ni de dónde saldrá el dinero, 57 mil millones de pesos. En comparación, el siempre deficitario y vacío Tren Maya tiene asignados, en firme, 30 mil millones. Y Mexicana de Aviación, que acumula pérdidas por mil 400 millones en los dos años que lleva volando bajo la T4, recibirá otros mil 700 millones, faltaba más.
Y no hemos llegado al elefante en la habitación: la presencia de Alfredo Ramírez Bedolla junto al gabinete de seguridad federal en el anuncio del plan. Ni él ni la Presidenta han abordado cómo van a combatir la colusión y la impunidad, esas sí causas primigenias del crimen organizado mexicano en un estado donde han sido ejecutados siete alcaldes y dos empresarios ante la total abulia del gobernador. Quizá porque Ramírez está bajo la mira de las fiscalías gringas por su supuesta relación con Cárteles Unidos y otros grupos criminales responsables de secuestrar y de extorsionar a los limoneros y aguacateros michoacanos, como según Guacamaya Leaks le consta desde hace años a la Sedena. Grupos que, como fue reconocido por el Tribunal Electoral, y como acusó Hipólito Mora antes de ser asesinado en 2023, también operaron el triunfo del gobernador en las elecciones de 2021, matando a 85 candidatos y a 46 funcionarios electos mucho antes de que Carlos Manzo fuera acribillado.
Así arranca el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, valedores.
