Entró partiendo plaza. Saludando como si fuera suyo el escenario, como si estuviera entre sus aplaudidores de costumbre. Contrastaba con la figura de Cilia, su esposa, pequeña y asustada. Ella llevaba un parche en la cara, un ojo levemente hinchado y, según sus abogados, abundantes moretones en las costillas, que sospechan rotas, recuerdo de la CIA. Ambos portaban el uniforme reglamentario de la cárcel de Brooklyn: camiseta naranja fosforescente, casaca oscura y pantalones claros.
La audiencia transcurrió como tantas otras, donde se presentan los acusados y sus abogados —el de él, Barry Pollock, antes defendió a Julian Assange—, se revisan cargos y otros pendientes y se fija agenda para la siguiente reunión. Pero las salvedades del caso que nos atañe saltan a la vista: hablamos de enjuiciar a un jefe de Estado en funciones, aunque los Estados Unidos hayan reiterado una y otra vez, con razón, que es ilegítimo; se trata de un proceso que ventilará temas de seguridad nacional de uno o más gobiernos, incluyendo el nuestro; y los cargos dibujan más complicidad con el narco y con grupos terroristas —las Farc, el ELN, el cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y Los Zetas o el cártel del Norte— que narcotráfico en sí, algo difícil de probar en una corte.
Al día de hoy no podemos saber la contundencia de las pruebas amasadas desde que Bill Barr lanzara la primera orden de arresto contra Maduro y sus secuaces en 2020. Preocupan ciertas afirmaciones desde Washington, que quizá sean música para las bases del presidente, pero que son falsas o engañosas, como declarar grupo terrorista a un cártel de los Soles cuyo mote es el descriptivo popular de los muy corruptos mandos castrenses venezolanos, más que una organización criminal real, o el señalar a Maduro como el líder directo del Tren de Aragua. Despreocupa que poco o nada de esto esté en los documentos legales, y que los fiscales que llevarán el proceso son veteranos de los cargos y las regiones en cuestión.
Lo que no me queda claro es si Maduro, luego de décadas parapetado contra la realidad tras su investidura y sus guardias cubanos —que sirvieron para lo mismo que los médicos que La Habana manda a México—, entiende la magnitud del pozo donde se encuentra refundido. Cuando el juez Alvin Hellerstein le preguntó que si él era quien es, respondió así: “Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado por una intervención militar de los Estados Unidos. Me considero prisionero de guerra y me acojo a las convenciones de Ginebra y de Viena”.
Muy bonito, pero, al margen de los muy válidos agujeros morales, a las cortes de Nueva York, y en particular a un juez judío de 93 años que sobrevivió a la Segunda Gran Guerra, los desplantes charros del dictador les importan un pistache, y el precedente legal de 1994 —Sosa v. Álvarez-Machain et al, que declara irrelevante que los acusados lleguen voluntariamente o no a la tierra del Tío Sam antes de ser apañados— no le favorece. Para pasmo del preso, Hellerstein le retobó a medio sermón: “Todo eso puede discutirlo después con sus abogados. Hoy solo necesito saber si usted es Nicolás Maduro Moros”.
Para su desgracia, sí lo era.
