Compra de votos. Condicionamiento de programas sociales. Acarreo. Lonche, refresco y dádivas. Luchas en lodo. Quema de urnas. Porros con garrotes. Pases de lista y colas bajo el sol. Tamaleras —¿de chipilín?— gritándose de todo. Narices y párpados sangrantes. Lo mismo sucedía en cada comicio cuando no existía el INE, nos gobernaban unos autócratas nacionalistas arcaicos y Bartlett se encargaba de enlodar el proceso a favor del ungido por el dedo presidencial, quien fuera que fuera, con el voto ciudadano de mero adorno inútil. El sueño de Andrés, pues; si alguien esperaba otra cosa de estas elecciones internas en Morena, que consulte a su médico.
Sin duda cada partido es libre de hacer de sus comicios un rehilete. Si en Morena quieren aparentar que cualquier otra cosa que los deseos de su presidente tiene posibilidades, y para eso organizan lo que terminó como una pelea de arrabal a gran escala, allá ellos. Lo preocupante es que, seguido, el desprecio por la ley, la democracia y las mejores costumbres cívicas se les derrama más allá del performance mañanero, o de los conciertos de trova cursi, o de los patéticos intentos de la regenta de obtener aunque sea unas miguitas de ternura del gran elector. La última barbaridad en la larga lista de ilegalidades presidenciales es el tren maya.
Todo el tren maya. La ausencia de estudios de suelo o medioambientales; la misteriosa caída de Compranet por más de una semana; los cambios de trazo sin ton ni son; la opacidad del destino de la caoba, del machiche y el salaam, entre otras maderas preciosas arrancadas a granel y de las que nadie parece saber el destino; el que el presidente se pase por el arco del triunfo una orden del juez federal Adrián Novelo que ordenaba parar las obras del tramo número cinco del proyecto, uno que arrasaría con las frágiles estructuras de la red de cenotes de la península; la entrega de la obra a los militares; la declaratoria del proyecto, sin pies ni cabeza jurídica, como de seguridad nacional, con la opacidad que eso implica; y, ayer, la expropiación sumaria de 36 inmuebles privados en Solidaridad, Tulum y Benito Juárez. Más de 100 hectáreas que López Obrador ordenó a la Sedatu ocupar de manera inmediata.
Es difícil elegir cuál de estas machincuepas es más tóxica para la Nación. Utilizar la excusa de la seguridad nacional para un proyecto de vanidad, un elefante blanco que violenta la riqueza natural del país, la herencia de todos nosotros y de nuestros hijos, habla lo suficientemente fuerte de la falta de criterio presidencial, y del desprecio absoluto que López le tiene a los canales institucionales. Pero la expropiación es, quizá, la pieza que derramará el vaso de la confianza en México, que de por sí pende de un hilo; si, a pesar de un amparo en curso y de la orden de un juez, el presidente es capaz de obliterar 100 hectáreas de propiedad privada sin mayores miramientos para un proyecto con escasa utilidad pública y nula urgencia, está claro que la seguridad jurídica, en México, vale menos que un voto mexicano antes del IFE.
Roberta Garza@robertayque
