Una vez cantada la elección de 2018, se desecharon los cargos fincados por la venta de una nave industrial con que la fiscalía de Peña Nieto buscaba estorbarle a Ricardo Anaya para favorecer a López Obrador, a cambio de una negociada impunidad que el mexiquense ostenta hoy sin pudor en las páginas de las revistas más fifís.
Si algo ha dejado claro la república del rencor que hoy nos rige es que la justicia en México se aplica, como en los mejores tiempos de esa autocracia priista que solo los solovinos no ven reflejada en Morena como en un espejo, a modo exclusivo de la voluntad del mandatario; en sus parientes y colaboradores —no sé si tenga amigos— la vileza y el delito son desestimados como golpeteo o campaña política, mientras que a sus críticos u opositores les aplica por quítame estas pajas el método Rosario Robles y háganle como puedan.
El pasado fin de semana, Anaya advirtió que le fincarían nuevos cargos, ahora alusivos al caso Emilio Lozoya, quien reposa cómodamente en su casa una vez cantado al son que le tocaron desde Palacio: “No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa: es un citatorio”.
El Presidente lo retó diciéndole, como le dijo a Robles en su momento, que si era inocente —las acusaciones son por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa— no tenía qué temer, afirmando que el paso por la cárcel era prenda de honor que fortalecía a los activistas. López pareció olvidar que así es cuando los encierran injustamente los regímenes más bananeros, pero seguramente lo distrajo la idea de que el trance puede causarle al imputado la pérdida de sus derechos políticos, entre los cuales está el ser candidato a puestos de elección popular. Anaya le retobó así: “Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio … no me van a dejar salir. Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme”.
Sin mayores pruebas que las declaraciones de testigos protegidos, la fiscalía sostiene que el diputado Anaya recibió de Emilio Lozoya en agosto de 2014 seis millones 800 mil pesos para votar a favor de la reforma energética propuesta por Peña Nieto. El problemita es que para entonces Anaya ya no era diputado, habiendo solicitado licencia esa primavera para ocupar la secretaría general del PAN; la FGR se sacudió ese polvo modificando las declaraciones iniciales y procedió penalmente.
No me consta la integridad de Ricardo Anaya, a quien ni siquiera conozco. Lo que me queda claro es que le esperan tiempos terribles cuando le van a dejar caer encima todo el poder del Estado sin que su inocencia o culpabilidad tengan vela alguna en ese entierro. Por el otro lado, y a falta de mejores alternativas desde nuestra muy enclenque oposición, si aguanta y construye un discurso cívico y democrático lúcido y alejado del fango donde suele moverse la T4, esta persecución desde el poder quizá lo lleve a la presidencia, y a López al oprobio.
Roberta Garza
@robertayque
