La más reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, emitida el jueves 2 de julio, más que una recomendación es un acta de defunción.
Oficialmente, la CNDH está muerta y enterrada. Acaso su presidenta, Rosario Piedra, y la nómina de mil 700 personas a su cargo no se han dado cuenta, pero se trata de un zombi vaciado de legitimidad que ha dejado a la intemperie a las víctimas del autoritarismo.
Las más de 860 páginas que integran la recomendación 208VG/2026 tienen un solo propósito: liberar al Ejército de toda responsabilidad en este caso.
Para ello despliega dos bloques argumentales: uno dedicado a desestimar la evidencia que involucra a la Sedena, y otro que se ocupa de cuestionar la reputación de los abogados de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR (UEILCA).
La recomendación afirma no haber hallado indicios que respalden “la tesis de la responsabilidad de la Sedena” y asegura, en cambio, que esa narrativa fue fabricada por una suerte de conspiración fraguada entre los abogados —de manera destacada, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro—, la CIDH, el GIEI, la CoVAJ y la UEILCA; es decir, todas las instancias que durante casi 12 años han acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos.
Sin seriedad ni rigor, la CNDH niega relevancia a hechos bien conocidos: el soldado infiltrado entre los estudiantes que reportó las agresiones al alto mando en tiempo real; el episodio del Hospital Cristina, en Iguala, cuando el Ejército no auxilió a los normalistas heridos; el seguimiento militar de los movimientos de los estudiantes a través del C4, o los interrogatorios practicados con violencia a los presuntos victimarios dentro de instalaciones castrenses.
En contraste, la recomendación descalifica el trabajo de la contraparte civil como una suerte de conjura internacional destinada a crear lo que ahí se denomina “la anti-verdad del caso Ayotzinapa”.
Zoom: esta recomendación de la CNDH busca inscribir el caso como una pieza más de la andanada intervencionista frente a la cual Morena se ve obligada a defender la soberanía nacional. Una locura propia de una época en la que la verdad y la justicia han perdido toda importancia.
