La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, murieron tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y desde entonces no sabemos qué sucedió con 43 jóvenes más.
Pocas cosas como lo sucedido en los años posteriores a aquella tragedia dibujan de manera triste, también trágica, la incompetencia de autoridades de todos los colores partidistas, de todos los niveles de gobierno.
Doce años después no tenemos claridad alguna de por qué sucedió aquello, quiénes o quién fue el verdadero responsable y por supuesto, para la eterna angustia de los padres y familiares, no sabemos donde quedaron los 43 estudiantes.
En más de una década se han invertido recursos, se han creado instituciones, se ha invitado a expertos internacionales y nada.
Breve inventario:
Inmediatamente después de aquella noche la fiscalía estatal comenzó una investigación, hizo algunas detenciones hasta que el gobierno federal decidió atraer la investigación y la Fiscalía General de la República se encargó de ella y en pocos meses presentó una conclusión que llamaría “verdad histórica” y que duraría poco como verdad y tiene hoy procesado al procurador que la dio a conocer.
La desconfianza en aquel informe hizo que poco después, organizaciones no gubernamentales y los familiares de las víctimas forzaran al gobierno, a través de la CIDH, a crear el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que por años investigó e informó sobre el asunto, corrigiendo a la PGR, pero sin poder saber, como hasta ahora, donde están los desaparecidos.
Al mismo tiempo, aquella Comisión Nacional de Derechos Humanos se dedicó a investigar y publicó una recomendación de miles de páginas y anexos que detallaban el crimen, pero que tampoco llevaban a resolver las principales interrogantes.
Apenas llegar al gobierno, el presidente López Obrador creó una nueva institución, la Covaj (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia) se nombró una nueva fiscalía especial cuyo titular tuvo que abandonar tres años tuvo que salir del país después de sus críticas a la ahora fiscalía y de las acusaciones contra miembros del Ejército por su presunto involucramiento de aquella noche.
En este nuevo gobierno las promesas siguen siendo muchas, pero las acciones pocas.
Y ahora, lo que queda de la CNDH emite un documento de más de 800 páginas en el que fundamentalmente dice que todo lo dicho antes es incorrecto aunque no da un solo avance que aproxime a los familiares a la verdad.
Doce años se cumplirán pronto. El Estado sólo ha mostrado su incapacidad.
