La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha puesto de relieve la necesidad de una reforma a fondo de los órganos electorales, del financiamiento de las elecciones, de las reglas de operación de la estructura electoral, del papel de los partidos políticos y hasta de los esquemas de integración de las cámaras de representantes.
La construcción de la democracia electoral que hoy tenemos ha seguido un largo devenir. Transitamos de la sospecha sobre la limpieza de los comicios (la larga historia de fraudes electorales desde el siglo XIX), hasta llegar al malestar ciudadano actual por el alto costo de nuestros procesos electorales.
Resolvimos el problema cuantitativo de contar bien los votos, pero no el tema cualitativo de disponer de una democracia de calidad, donde no solo se elijan a las autoridades, mediante el voto libre, secreto y directo, sino se construya una democracia que no sea considerada únicamente como “una estructura y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (artículo tercero constitucional).
El alto costo de las elecciones es el quid y la litis del asunto. El presupuesto de las elecciones federales y locales que se presentaron el pasado 6 de junio ascendió a un total de 44 mil 907 millones de pesos, distribuidos de las siguiente manera: Presupuesto INE, 12 mil 367 millones de pesos; prerrogativas federales para los partidos, 7 mil 226 millones de pesos; presupuesto tribunal electoral federal, 3 mil 30 millones de pesos; presupuesto de los 32 OPLE´s, 11 mil 932 millones de pesos; prerrogativas a partidos locales en las 32 entidades, 6 mil 817 millones de pesos; presupuesto de los 32 tribunales electorales locales, 3 mil 532 millones de pesos.
Esto hace que las elecciones federales y locales de México sean las más caras del mundo. Con un costo per capita del sufragio con grandes disparidades y desigualdades, en estados donde se distinguen además por enormes carencias sociales. Por ejemplo, en Tlaxcala el costo del voto por elector es de 663.91 pesos; en Sonora de 501.54 pesos; en Campeche de 490.54 pesos y en Michoacán de 380.44 pesos.
El INE es también la institución donde se concentra el mayor número de servidores públicos mejor pagados en toda la administración pública federal, estatal, descentralizada y de órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, 125 funcionarios ganan más que el Presidente de la República, lo que ha ocasionado cuestionamientos frecuentes del titular del Ejecutivo. No hay paralelo con los ingresos de funcionarios electorales en otros países.
Si a ello agregamos la cifra negra del dinero privado no reportado en las campañas, el costo electoral se elevaría considerablemente. Detrás de esa cifra negra se encuentran seguramente fuentes y compromisos inconfesables de dinero mal habido, que dañan la legitimidad misma de las autoridades electas.
La reforma electoral que exige la ciudadanía es aquella que reduzca el costo fiscal de los comicios, las prerrogativas entregadas a los partidos, el número de legisladores federales y locales, el sueldo de estos mismos servidores públicos y, en general, el riesgo sistémico que representa tener elecciones caras en medio de una sociedad con carencias endémicas.
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