La Encuesta de Victimización y Percepción (ENVIPE) del INEGI indicó en 2021 que para 58.9% de las personas de 18 años o más, la seguridad es el tema de mayor preocupación. Además, la cifra negra de delitos muestra que solo uno de cada diez se denuncia. Esto refleja una desconexión entre la ciudadanía y los mecanismos formales de denuncia.
Durante la efervescencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la procuración de justicia enfrentó un gran reto para mejorar la toma de decisiones: información adecuada para entender lo bueno o malo del sistema. Esa limitante motivó un estudio que en 2016 coordiné en Morelos para evaluar el desempeño de su procuración a partir del análisis integral de expedientes y de sus operadores. Entre otros temas, documenté que 40% de los defensores públicos y 19% de ministerios públicos, respectivamente, reconocían el riesgo para víctimas y ofendidos de ser ubicados y sufrir represalias. A su vez, en poco más de 800 expedientes analizados la evidencia de medidas para la protección de esas víctimas u ofendidos fue nula. Eso respondía a la pregunta ¿por qué la ciudadanía no denuncia o colabora con las autoridades? Por un problema que sigue vigente no nada más en Morelos: temor a las represalias.
Hace poco circuló un video que muestra a un septuagenario golpear un automóvil con un bastón, en una avenida de la CDMX. Otra persona quiso apoyar a las víctimas, pero fue agredida y amenazada con pistola en mano por el acompañante del septuagenario. Al cabo de unos días ambos agresores fueron detenidos. Una historia de tantas que suceden diario y que en la mayoría nada pasa, nada se denuncia o colabora, por temor a represalias. Pero ¿qué hizo la diferencia en ese caso? ¿qué hizo funcionar a la procuración de justicia? ¿una denuncia digital después de leer el aviso de privacidad y llenar un formato? ¿cámaras? No, un video tomado por una de las víctimas, que posteriormente subió a redes sociales para hacer la denuncia pública.
Cuando el Estado falla en su relación con la ciudadanía, se altera la interacción. Por ejemplo, un deficiente funcionamiento de la procuración de justicia ocasiona una desconexión ciudadana para aprovechar mecanismos institucionales, ya sea por desconfianza, burocracia o corrupción. Y a pesar de que los últimos años se han realizado esfuerzos para su modernización, lo sucedido con el video es una muestra más de esta nueva procuración de justicia tecnológica, activada por el músculo ciudadano desde las redes sociales, pero que resulta ser más eficaz que cualquier mecanismo formal de denuncia. ¿Cuál hubiera sido la historia si la víctima va al ministerio público a denunciar a un agresor que, por cierto, tenía denuncias en espera y nada pasaba? Probablemente su ubicación y alguna represalia.
Ricardo Corona
ricardo.corona@koalsulting.com
