En México se comete un homicidio doloso (intencional) cada 17 minutos, es decir, 84 diariamente. Cifra que se anuncia, a pesar de la tragedia que representa, como un logro respecto de periodos anteriores. Sin embargo, hablar del número de homicidios es la punta del iceberg de inseguridad si se considera el coctel delictivo que anualmente ocasiona decenas de millones de delitos, que en su mayoría ni siquiera se denuncian por desconfianza, corrupción, temor o burocracia.
Actualmente el Poder Legislativo discute una iniciativa para que la Guardia Nacional pase a las filas del Ejército. Propuesta que no ha hecho más que subrayar la dimensión de un problema que, más allá del mediático choque entre poderes, políticos, partidos y opiniones que seguirán confrontándose mientras se comenten muchos delitos más, la ciudadanía no ve para cuánto se atienda un problema que diario se documenta con mayor nitidez en noticieros y redes sociales. Y es que, a pesar de escuchar incansablemente que la inseguridad en México “está siendo atendida desde sus causas”, propuestas como esa que busca atender una urgencia, sin evidencia concreta, clara y accesible a todo mundo para entender esas causas, muestran lo contrario. Los eufemismos que aluden al acceso a mejores oportunidades, al pasado, a los abrazos, etc., venden en política, pero no procuran justicia a la gente. Así que proponer piezas de una maquinaria policial a una militar para atender una necesidad de carácter civil, genera más dudas que respuestas. Gran parte de los argumentos a favor se basan en una percepción ciudadana que confía en el papel de los militares; en un papel de consecuencias (balazos) para contener el crimen. Sin mirar a las causas, ni mucho menos despejar incógnitas como la vinculación de fuerzas castrenses a una procuración de justicia que no está diseñada para su participación sistemática ¿Qué podría pasar mal?
Si realmente se pretendiera atender las causas, se podría comenzar por aquellas que posiblemente explican gran parte de los bajos niveles de confianza ciudadana en policías, ministerios públicos y jueces. Pero está claro que no es prioridad buscar soluciones que generen condiciones de gobernanza policial. Más aún con el aprovechamiento de tecnologías como Inteligencia Artificial o Blockchain, bien se podría monitorear permanentemente y controlando sesgos de percepciones o voluntades, sin riesgos en el resguardo de información y garantizando condiciones de rendición de cuentas, el debido proceso, la prevención de delito, atención a denuncias, el respeto a los derechos humanos. En fin, el quehacer policial que permita entender lo que se necesita para mejorar su desarrollo policial y evitar más propuestas que busquen atender lo urgente y no lo importante, tal y como parece estar sucediendo.
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