Hay un consenso en que existe la necesidad de reformar al poder judicial, incluso desde la oposición se reconoce aun y cuando a muchos de esa vertiente sean beneficiados por el estatus quo, aunque las voces más autorizadas son propios integrantes llámense ministros, magistrados, jueces y personal de toda la estructura institucional del poder que representa la actividad jurisdiccional del Estado, todo debe de evolucionar y adaptarse a las nuevas realidades políticas y sociales del país.
El poder judicial es la única estructura que no fue invadida por los cambios del nuevo régimen a partir de la elección de 2018, si bien es cierto que no necesariamente tenía que ser afectado porque no era parte de lo que se disputaba en procesos de elección, también lo es el que tuvo abiertamente una tácita declaratoria de oposición y confrontación al régimen entrante dando abiertamente mensajes de que ahí se acuartela la oposición, como lo fue el oponerse a la política de austeridad, conservando la inercia del antiguo régimen de privilegios en el dispendio de sueldos y prerrogativas sin pudor y sin importar la desigualdad social y pobreza en el país.
Uno de los planteamientos iniciales entre muchos otros del gobierno de izquierda que encabeza Andrés Manuel, fue el de instaurar una política de austeridad republicana incluso planteada desde una reforma constitucional que establecía el imperativo de que ningún funcionario o servidor público debería de ganar más que el presidente de la república, situación que incomodó a todo aquel que veía una forma de enriquecimiento desde un espacio público, ya como una tradición cultural instaurada por formas de hacer política y gobierno del viejo régimen, a esa irrupción se opuso el poder judicial donde los sueldos y compensaciones son extremadamente estratosféricos.
Integrantes del poder judicial promovieron amparos haciendo valer el principio de la no retroactividad de la ley para no ser ajustados en su salario, los juicios promovidos eran resueltos por el propio poder judicial, siendo juez y parte, sin premeditar que era mejor una condescendencia en las nuevas formas de hacer política y de hacer gobierno, desafiante al poder y haciendo valer su contrapeso político con el sello opositor solo por hacer ver que seguía vigente aquella vertiente política que fue desplazada en la urnas.
Conforme pasaba el tiempo y con ello el calendario electoral y la oposición seguía disminuyéndose pero la actividad del poder judicial aumentaba en un rol político más que jurisdiccional, empezaron a emitir resoluciones que determinaban la impunidad en casos emblemáticos de corrupción a correligionarios partidistas de ese bloque opositor, en el tema de los fideicomisos que se subieron al debate de la agenda nacional se evidenciaron las grotescas cantidades de recursos económicos para financiar los excesos de privilegios con los que cuenta la elite del poder judicial convirtiéndose en una de las instituciones más caras o que tiene presupuestos desproporcionados acorde a la actividad cualitativa y cuantitativamente.
Sin embargo, hay que también reconocer que la carrera judicial no es fácil de recorrer, es demasiado exigente y se requiere un conocimiento técnico especializado que no cualquier abogado puede desarrollar, este es el argumento quizás de mayor peso en contra de la democratización de juzgadores, sin embargo puede haber mecanismos para garantizar el profesionalismo, la preparación, la imparcialidad de quienes imparten justicia, lo que si debe de seguir siendo la prioridad de la reforma es que el acceso a la justicia esté al alcance de todos incluyendo a los más desprotegidos y marginados de este país.
