Hasta la Corte llegó una de los conflictos que más ha enfrentado en la capital del país a los diferentes grupos de Morena; se trata de la definición de la legalidad de las invasiones inmobiliarias o, en su defecto, de los desalojos. Es una discusión que los radicales señalan como una reivindicación del derecho a la vivienda y que los moderados califican como una defensa de los derechos de los propietarios.
En manos de la ministra María Estela Ríos se encuentra el proyecto para declarar la constitucionalidad de la redacción actual del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la CdMx; hablamos de aquel que en 2019, por intervención de la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum estableció que los desalojos de inmuebles solo pueden ejecutarse tras un ordenamiento judicial. Pero los morenistas insisten en que por ningún motivo la gente que llega a ocupar un espacio pueda ser desalojada.
Es loable el argumento de garantizar el derecho a la vivienda a todos los ciudadanos; no obstante, cancelar la posibilidad de desalojar propiedades mediante procedimientos judiciales es lo mismo que legalizar las invasiones inmobiliarias y el fenómeno del “paracaidismo”; por ello es que la hoy Presidenta de la República decidió en su momento proteger las garantías de los propietarios.
En el pleno de la Corte el tema se debió haber discutido la semana pasada, pero ante las presiones recibidas de ambos bandos los ministros decidieron deslistarlo y dejarlo para una fecha indefinida. Será un periodo en que el recinto de Pino Suárez recibirá visitas de radicales y moderados que buscarán exponer sus argumentos sobre el tema, incluyendo empresarios del ramo.
Además de reactivar esta discusión añeja, el actual gobierno de la Ciudad de México ha enviado para aprobación al Congreso local la iniciativa de Ley de Rentas Justas y Asequibles, con la que pretende establecer precios máximos de arrendamiento y limitar la operación de las plataformas de renta de corta estancia. De prosperar el asunto, dicen también los moderados, se estaría otra vez violando el derecho de los ciudadanos a decidir libremente sobre sus propiedades.
Palabras clave
Como telón de fondo de este debate conviene no perder de vista una realidad documentada en la CdMx: la operación de grupos organizados que, bajo el discurso del derecho a la vivienda, han sido señalados por participar en invasiones y despojos de inmuebles.
Organizaciones como la Asamblea de Barrios, el Frente Popular Francisco Villa y Antorcha Campesina y hasta la Unión Tepito han protagonizado conflictos prolongados. Normalizar la ocupación sin consecuencias legales no solo legitima estas prácticas, sino que fortalece redes que lucran con la necesidad ajena y debilitan el Estado de derecho.
