M+.- Señalar a Lorenzo Córdova como primer responsable de la corrupción cometida durante la gestión de Guadalupe Taddei, como hizo Claudia Sheinbaum esta semana, lastima el respeto que merece la voz presidencial. Desnuda, además, la desesperación por no encontrar salida a un problema muy grave: la crisis de corrupción que se asoma por muchos frentes.
A diferencia de Taddei, el expresidente del INE no tuvo una relación personal con los hermanos Hernández Casillas. Y si bien durante su gestión estos proveedores crecieron gracias a los contratos de numerosos organismos electorales locales, no hay evidencia de que con Córdova el INE haya establecido con ellos el vínculo que sí estableció la administración de Taddei.
Esto ya lo sabía la Presidenta. Aun así, decidió lanzar el argumento para desviar la atención del lugar donde debería estar: la realidad le ha impuesto la obligación de practicar, con urgencia, una cirugía mayor sobre el Estado mexicano.
Conviene regresar a la mañana del lunes 1 de abril de 2024. Era el día 32 de su campaña presidencial, y el acto central fue la presentación de su propuesta anticorrupción, contenida en el eje “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”.
Ahí la candidata rechazó la tesis, sostenida una década antes por Enrique Peña Nieto, de que la corrupción es parte de la cultura mexicana. Minutos antes, en el mismo evento, Javier Corral —hoy senador de Morena— había descrito la corrupción como “un fenómeno persistente, transversal, sistémico y universal”, que debe combatirse no sólo con una política de gobierno, sino con una política de Estado.
Entre las propuestas presentadas aquel día destacaban la creación de una agencia federal anticorrupción; el rediseño de la Función Pública; un modelo nacional para investigar delitos de corrupción; elevar a rango constitucional el derecho de las personas a una buena administración pública y a vivir libres de corrupción; revisar el papel de las notarías, y ampliar de siete a doce años el plazo de prescripción de los delitos graves de corrupción.
Han pasado dos años y siete meses desde aquella oferta política, y lo sustantivo sigue sin cumplirse. Peor aún, se han tomado decisiones en sentido contrario: se desapareció el INAI, el órgano autónomo encargado de garantizar el derecho a la información y el acceso a documentos públicos; las fiscalías anticorrupción se volvieron “caricaturas”, como las llama el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y desde el poder se ha protegido a políticos señalados por corrupción, como Adán Augusto López o Rubén Rocha Moya.
Sheinbaum acusó a Córdova de omisión ante la corrupción en el INE. Si la mandataria no cumple lo que en esta materia prometió en campaña, terminará señalada por la misma causa.
Paradójicamente, el reclamo más sonoro a favor de una reforma de Estado contra la corrupción surge de las propias filas de Morena. Ramírez Cuéllar lo reconoció esta semana en una entrevista radiofónica: “Tenemos un gran pendiente, que es la regeneración de la vida pública”. Recordó que Morena se llama Movimiento de Regeneración Nacional, aunque en materia de corrupción ese pendiente sigue intacto. Y fue más lejos: “Necesitamos castigos y amenazas creíbles para que los políticos actuemos con decencia”.
Otro líder de Morena que, junto con Corral y Ramírez Cuéllar, ha insistido en el punto es Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Hace unos días advirtió sobre el equívoco en que han caído algunos de sus correligionarios al creer que “el respeto a la corrupción ajena es la paz”.
Es exactamente al revés: la corrupción es una guerra que, si no se contiene, destruye no sólo al gobierno, sino a la sociedad entera. Me refiero a la corrupción en sentido amplio: el acto que rompe y desnaturaliza la cosa pública.
No hay manera de negar lo obvio. Son muchos los tramos de la administración pública devastados por la corrupción: el abasto popular de alimentos (Segalmex); el huachicol fiscal (Semar, aduanas, SAT y administraciones portuarias); la compra de medicinas mediante licitaciones amañadas (Insabi, IMSS-Bienestar); la obra pública (Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Interoceánico); la asignación de publicidad oficial a medios afines, y las compras del sistema electoral (INE), entre muchos otros expedientes.
Ante un síntoma tantas veces repetido, no hay forma de negar la enfermedad en su expresión presente, ni de seguir culpando al pasado, como si en la arqueología de los gobiernos anteriores estuviera la verdadera explicación de la tragedia.
En aquel evento de campaña, Corral dijo que la honestidad personal del presidente Andrés Manuel López Obrador era fundamental, pero no suficiente. Lo mismo vale hoy: de poco le servirá a Sheinbaum su honestidad personal si la usa para distraer con argumentos chatarra, mientras protege a los corruptos que comparten con ella responsabilidad política.
Frente a las voces sensatas que proponen una reforma radical del Estado para conjurar la deshonestidad, hay muchas otras que defienden el arreglo corrupto, porque su poder y su patrimonio dependen de seguir expoliando los recursos que pertenecen a la gente.
Son ellos quienes quieren conservar la corrupción con el argumento falaz de que, si se la combate, Morena y su llamada cuarta transformación se vendrían abajo. En contraste, quienes impulsan la reforma asumen que prolongar esta crisis llevará a su partido a un severo descalabro en las elecciones del próximo año.
¿Qué proponen? Cinco cosas: 1) dotar de dientes a las fiscalías anticorrupción; 2) reconstruir el sistema de auditoría y fiscalización; 3) rediseñar el Sistema Nacional Anticorrupción; 4) fortalecer el juicio político y asegurar sus efectos, y 5) eliminar el fuero.
No debería haber duda, y sin embargo es incierto dónde está parada la Presidenta en este tema. A juzgar por un discurso cargado de distractores, la reforma anticorrupción no tiene su visto bueno. Aun así, queda una esperanza: que la candidata del pasado le reclame a la presidenta del presente los compromisos que asumió en campaña.
