La vivienda no es solo un espacio físico donde habitamos; es la base de la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo social. Es un generador de paz y estabilidad, un derecho fundamental que garantiza calidad de vida. Sin vivienda adecuada, no hay justicia social.
Sin embargo, en México enfrentamos una crisis habitacional que redefine el futuro de nuestras ciudades y donde la falta de acceso a vivienda limita el derecho a habitar de forma segura, profundiza la desigualdad y compromete el bienestar de las próximas generaciones.
El costo de adquirir una vivienda se ha convertido en un obstáculo casi insuperable. En ciudades como CDMX, Monterrey y Guadalajara, el precio promedio de una vivienda es de 2.5 millones de pesos, mientras que el ingreso familiar promedio es de 17 mil pesos mensuales, lo que obliga a que ambos integrantes de una familia trabajen solo para aspirar a un crédito hipotecario.
En los últimos 10 años, el costo de la vivienda ha aumentado un 70%, mientras que el salario mínimo ha crecido solo un 20%. Además, los créditos hipotecarios en México tienen tasas de interés anual promedio del 10%, lo que implica que una persona termina pagando hasta un 200% del valor de su vivienda.
Para los jóvenes, la situación es aún más crítica. El 40% de las personas entre 25 y 34 años siguen viviendo con sus padres, ya que solo el 4.8% de los créditos hipotecarios se otorgan a menores de 30 años. Esto obliga a que 7 de cada 10 jóvenes no puedan acceder a una vivienda propia, quedando como única alternativa la renta.
El 19% de la población vive en alquiler, y en los últimos años los precios de las rentas han aumentado en un 30%. En las principales ciudades del país, el costo promedio de la renta es de 12 mil pesos mensuales. Además, el 46% de las viviendas rentadas no tienen un contrato formal, dejando a los inquilinos en riesgo de desalojos arbitrarios.
Las plataformas digitales de renta temporal han agravado aún más la crisis. Aunque representan una oportunidad económica, su impacto en el mercado de vivienda es innegable. Al priorizar las rentas temporales sobre las de largo plazo, disminuyen la oferta de vivienda para los residentes locales y elevan los costos en las zonas urbanas más demandadas.
Desde el Congreso del Estado de Jalisco hemos puesto en marcha mesas de análisis porque estamos convencidos de que todos tenemos algo que decir y algo que aportar a un tema donde es necesario poner en el centro de la discusión a los ciudadanos.
