Con poco menos de 9 millones de habitantes, Ciudad de México tenía, al sábado pasado, 30 mil 223 casos confirmados de covid-19 y 3 mil 696 decesos por esa causa: una tasa de incidencia de 335.12 por cada 100 mil habitantes, la más alta del país. Con poco menos de 8 millones de habitantes, Jalisco tenía, al sábado pasado, 2 mil 653 casos confirmados y 229 decesos: una tasa de incidencia de 31.55 por cada 100 mil habitantes, la cuarta más baja. Jalisco inició el confinamiento una semana antes y ha pugnado con insistencia por la realización de pruebas masivas, a lo que no solo el gobierno federal se ha negado sino que ha impedido.
Para preservar empleos ante la emergencia económica, el gobierno federal ofreció un millón de créditos de 25 mil pesos —con lo que alcanza para cubrir, en el mejor de los casos, la nómina de un mes de una Pyme— y el gobierno de CdMx 100 mil más por ese monto, más 50 mil por 10 mil pesos. El de Jalisco ha destinado 450 millones de pesos a entre 5 y 7 mil créditos de hasta 150 mil pesos por empresa, y 150 millones más para productores agrícolas. La diferencia de visión es notable.
Más allá, la voz de su gobernador, Enrique Alfaro, es necesaria en el diálogo nacional, con independencia de lo que se piense del presidente López Obrador y su proyecto: complejiza el debate, constituye un vehículo para ideas que contrastan con las del gobierno federal y un dique al riesgo del país de un solo hombre. De ahí que la preocupación por lo acontecido en los últimos días en Jalisco abarque lo social pero también lo político.
El sistema de impartición de justicia en Jalisco acusa una crisis grave: violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, autoritarismo y/o ineficacia de la fiscalía, lentitud y torpeza para reaccionar al justificado clamor popular, mala comunicación. El gobernador Alfaro debe corregir el rumbo, lo que pasa, de entrada, por relevar al fiscal Octavio Solís pero, más importante, por reformar una fiscalía que debería caminar con velocidad creciente hacia la autonomía.
La urgencia es mucha. Para Jalisco, claro. Pero también para un México necesitado de contrapesos democráticos.
