En cosa de horas o de días, el presidente Andrés López Obrador retomará actividades públicas -lo cual es por su salud algo de celebrar-, aunque solamente él sabe lo que trae en su cabecita para acometer sus temas pendientes, como defender a toda costa sus iniciativas que empiezan a ventilarse en las cámaras, o como la “preferente” que fue enviada para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Definitivamente la cuestión de su convalecencia no afectará para nada que el mandatario salga al ruedo como toro de Miura ya que por sabido se da trae mucho en juego de aquí a las próximas elecciones en las que las postulaciones que ha hecho hasta ahora su partido provocan fuertes desavenencias internas y amagan con distraer hacia otros frentes a sus hasta ahora fieles seguidores. Así que se trata de hacer todo el ruido posible, aprovechar el velo de los temas judiciales recientes como los de Ancira y Marín -más los que se sumen- y seguir encontrando fórmulas que le confronten con fines de aprovechamiento político.
En este contexto, sin embargo, se están jugando asuntos mucho más trascendentes. El caso de las modificaciones a las reglas de generación y distribución de energía eléctrica, han de llevar más que a preocupación ya que el hecho de que no se trate de cambios que requieran mayoría calificada, inclinan de antemano la balanza hacia las pretensiones del presidente y de su corte celestial, lo cual podría ocasionar consecuencias terribles, sin exagerar, a la economía de México y de todos los mexicanos.
Se ha abundado en exposiciones y comentarios en torno al tema, pero habrá que ver qué tan sensible se muestra ahora el presidente luego de que las advertencias sobre el daño que pueda causar la hasta hace poco popularmente conocida como “Ley Nahle”, en atribución a su secretaria de Energía que, como todos sabemos, no decide Nahle de Nahle por sí sola. La prueba es que ya tiene tiempo López Obrador amenazando que, si para llevar adelante sus proyectos y reformas se hace necesario hacer reformas a la Constitución, pues lo hará. De ese tamaño es el autoritarismo que impera en el país.
Es hora no se avizora cómo se podrá destrabar la cuestión y, mientras, le ha llovido en serio a la iniciativa, sobre todo a partir de la descalificación que hace de varios de sus puntos la sala de la Suprema Corte a que se han sometido impugnaciones de la COFECE y que ya estableció un revés a la citada ley, la cual solamente apoyó una ministra, ¿adivinen quién?, Yasmín Esquivel, propuesta para ese cargo por AMLO y que es esposa del constructor José María Rioboó, superamigo del presidente. Desde luego que esto no se quedará así como así y de ahí que la iniciativa preferente mencionada sigue siendo una espada de Damocles encima de los empresarios privados que generan energía al amparo de una reforma que data de 2014 y que han demostrado con hechos la posibilidad de contar con electricidad eficiente, no contaminante y, sobre todo, barata a comparación de lo que pretende imponer la Comisión Federal de Electricidad. El punto, en efecto, es la meta presidencial para que la CFE retome el control absoluto y hacer y cobrar lo que le venga en gana.
El monopolio así renacido atenta, sin embargo, contra reglas establecidas claramente en el recién adoptado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. De hecho, ya la Cámara Americana en el vecino país dio la voz de alerta y sin duda podría haber una postura cercana tanto de Joe Biden como de Justin Trudeau. En nuestro país el debate ha sido intenso y más que nada se ha salido del control de las apreciaciones oficiales que suenan huecas e ilógicas. Un ejemplo es el caso de la generación de energía eólica; mientras que para el presidente los generadores a base de viento que se pusieron en la Rumorosa solamente “afean” el panorama, en Corea del Sur acaba de anunciarse una planta eólica que será la mayor del mundo y que costará 43 mil millones de dólares, un esfuerzo que para los coreanos significa oportunidad ante la pandemia y contribución real al medio ambiente. Con tanta disparidad de criterio, ya ni para seguirle con los demás perjuicios que implicarían los cambios a la ley eléctrica, como el hecho de ahuyentar toda inversión nacional y extranjera en la materia -y eso que se contaba con algunas relevantes ya en proceso-, y todo porque, en la óptica de la 4T, se trata simplemente de “acabar” con el despojo pretendido a la energía nacional, como pasaría, dice, con la riqueza petrolera del país.
Pero no es todo. Ahora habrá que ver lo que sucede con otras iniciativa pendientes y no menos controversiales, como el outsourcing, la Ley del Banco de México, la propuesta obligatoriedad de la enseñanza superior, los salarios máximos por abajo del presidencial, la “cannabis”, los organismos autónomos y lo que se acumule. Habrá que ver qué pasa al regreso del mandatario y si tuvo oportunidad de recapacitar un poco más sobre estas cuestiones. Hay, empero, el temor de que quiera hacer todo lo posible con el Congreso que ahora siente tan suyo y que bien podría dejar de serlo poco menos de él a partir de septiembre próximo.
miguel.zarateh@hotmail.com
Twitter: @MiguelZarateH
