Conforme se legaliza el triunfo de la plataforma de Morena en las recientes elecciones, aparecen las notas discordantes, en especial con la prisa del presidente por aprobar la reforma constitucional, cuyo texto redefine el sistema judicial mexicano.
Sin duda se sabe de la necesidad de mejora la organización del actual sistema de justicia pues en la medida del crecimiento y desarrollo de prácticamente todas las actividades de los mexicanos, ha crecido la importancia de una justicia capaz de atender con presteza los conflictos, muchos constituidos entre particulares, entre particulares y diferentes autoridades. Hoy por hoy, el centro está en recuperar la capacidad de la justicia de contribuir con eficacia y rapidez a reestablecer la seguridad y el orden públicos a los niveles previos a la globalización.
La discusión pública se ha centrado en el tema de la propuesta de nombrar a los jueces de entre un conjunto de candidatos constituido, parcialmente, por la mayoría del voto popular de una lista de personas propuestas de alguna forma por el gobierno federal. El cuestionamiento a este punto ha ocupado gran parte de la discusión pública pues se cuestiona la capacidad de ciudadanos, a ras de piso, para reconocer la preparación, la experiencia y las capacidades de un candidato en materia jurídica, leyes y procesos.
Este modo de elección de jueces aún ha de legalizarse por una decisión mayoritaria calificada de los dos órganos del congreso de la unión, esto es cámara de diputados y cámara de senadores. La discusión sobre el voto popular ha dejado de lado a otra discusión más importante: ¿Qué y cómo mejorará la justicia mexicana con jueces votados por el pueblo? ¿La inseguridad se verá disminuida? ¿Habrá menos homicidios dolosos? ¿Las actividades criminales organizadas se reducirán significativamente? Hoy por hoy no hay respuesta a esas y otras cuestiones criminales no controladas hoy por el gobierno.
El número muy reducido de sentencias condenatorias dictadas por los jueces, dependen de la eficaz o ineficaz tarea de las fiscalías y el aparato policiaco. En tales instancias ha de hacerse la reforma eficaz contra la inseguridad, la violencia y la corrupción. De poco servirá un juez popular si la persecución y las acusaciones contra los supuestos criminales no provee la evidencia necesaria para encarcelar a los responsables.
