La Presidenta de México pronunció el jueves, 109 años después de aprobada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un discurso claridoso, casi determinista e, imposible no hacerlo, partidista.
Defender la Constitución centenaria es una obligación de quien ocupa el máximo puesto público. El texto constitucional ha sufrido en estos decenios múltiples modificaciones, algunas para mejorar la claridad, otras para mejorar la administración del país y otras para apoyar modificaciones al gobierno nacional en aquel sentido favorecedor del partido político en el poder. Desde luego en muchos casos se componen las deficiencias previas, se mejoran las ideas y los mandatos del pensamiento político, económico y social producidos, necesarios y sostenidos por la población y las necesidades del momento de la modificación. Además, y ni modo, otras se acomodan para favorecer ideas y modos de los gobernantes del momento y su partido, o su grupo político.
El momento mexicano de estos días no es el mejor. La tensión entre el gobierno mexicano y el gobierno estadunidense es fuerte. Las comunicaciones bilaterales y las reuniones para tomar acuerdos, así se anuncian, los cuales llegan con tal ambigüedad y, por eso, con urgencia de cumplimiento tal que, a la mirada del espectador nacional, resultan acciones inútiles. A pesar de los dichos en contrario de los funcionarios.
Estamos ante el uso del poder para violentar por parte de los gobernantes de Estados Unidos, Rusia, China, Turquía, Israel, Irán y algunos más, que nos dejan, pese a las palabras, ante una situación muy delicada. Veamos algunas palabras de la presidenta mexicana, ayer en Querétaro:
“México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie”, afirmó, al subrayar que el país “no entregará nunca sus recursos naturales”. Frente a funcionarios de los tres poderes, Sheinbaum sentenció: “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”.
Ningún mexicano puede estar en contra de tal afirmación. Además de ser acorde con el texto de la Constitución mexicana, es acorde con el derecho internacional.
En otro momento la presidenta leyó este texto con inspiración constitucional:
“El pueblo de México, en ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo, desintegración, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Sheinbaum afirmó: “México no se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia ni sin su solidaridad hacia otros pueblos”. Son pronunciamientos muy claros, acordes con el mejor pensamiento político del país y a la vez fija la posición presidencial frente a las discusiones de las últimas semanas sobre las pretensiones, claras o soterradas, del gobierno de los Estados Unidos.
Ahora bien, la letra necesita ser apoyada por previsiones concretas capaces de impedir la realización práctica (recordemos Venezuela) de aquello que no estamos dispuestos a tolerar. ¿Podemos impedir que un súper portaaviones de última generación se ancle en aguas territoriales de México? ¿Podemos impedir la concentración en la frontera norte de una fuerza militar capaz de invadir nuestro territorio? ¿Se puede impedir que en un “golpe de mano” militar, fuerzas extranjeras detengan a jefes del crimen organizado y los transporte a territorio de USA? ¿Se puede rechazar una “orden” externa para impedir el envío de petróleo a la hermana república (así se dice) de Cuba? Entre otras “linduras” a ratos mencionadas por los funcionarios gringos. Desde luego no estamos ahora en ese terreno… y sin embargo en necesario reconocer la posibilidad de vivir esas situaciones cercanas a la imposición extranjera.
No menos importantes son las situaciones vividas en el año reciente por los mexicanos indocumentados viviendo en USA. El gobierno de Trump en USA ha hecho de la persecución de migrantes una herramienta política para conseguir el apoyo de la población. ¿Cuánto ha realizado nuestro país y nuestro gobierno por defender y regularizar esa situación? Si bien se han tomado decisiones para frenar el paso de indocumentados de otros países y así mismo detener el flujo de mexicanos a la frontera norte, el tamaño de la letra constitucional queda, todavía, sin cumplirse.
Migrar es un derecho humano reconocido. Estorbar su utilización es, o debiera ser, un delito. Nada fácil, y sin embargo, el país no parece convencido de pensar y aplicar mejores propuestas de solución, tal como lo demanda la complejidad de la situación.
Vivimos, según la ley, nuestra vida pública en una república. Una definición convencional de “republica” es: “un Estado donde el poder reside en el pueblo, se ejerce a través de representantes elegidos para períodos limitados, y se caracteriza por la separación de poderes y la primacía de la ley sobre los individuos”. Conviene recordarlo, no sólo usarlo como “slogan” publicitario de un grupo de personas, sino exigir y exigirnos la construcción de esa república, sobre todo en aquello que le falta para acabar de serlo a carta cabal. ¿Fácil? No. ¿Posible desde ahora? Sí.
