En algún punto de la geografía nacional, y en algún momento en el tiempo, tiene que darse por iniciada la reconquista del Estado mexicano sobre las estructuras de gobierno locales que se perdieron a manos de grupos criminales a lo largo de los últimos lustros. Es esa la verdadera batalla de nuestro tiempo: la de separar al poder político-administrativo del poder criminal. La detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, debe ser ese punto de inflexión.
Impotentes asistimos, durante más de dos décadas, al avance de los criminales sobre nuestras instituciones. Empezaron tratando de asegurarse de que los dejaran operar, luego exigieron que elementos suyos fueran nombrados en puestos claves como jefe de policía o secretarios de obras, hasta que decidieron hacerse con el control total de los gobiernos municipales promoviendo candidatos financiados por ellos y garantizándoles el triunfo interviniendo, incluso, los días de elección. Hoy, en muchos municipios del país los ciudadanos viven bajo gobiernos criminales.
Por eso, la detención de Diego Rivera es importante y merece ser festejada. Es cierto que el personaje hizo hasta lo indecible para llamar la atención y ser detenido: confiscó el Museo local para convertirlo en su domicilio, organizó conciertos donde alababan al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y las extorsiones a empresarios y comerciantes eran delirantes y se organizaban desde el mismísimo Palacio Municipal.
Lo cierto es que hoy, “el camino de Tequila” no es opcional, es una necesidad. Los intereses están alineados en ese sentido: si el gobierno quiere mantener la viabilidad de su proyecto (4T) no tiene otro camino. No hay forma de sostener un alto gasto social (programas sociales e inversiones) si no logran recaudar más, y en las zonas dominadas por el crimen organizado son ellos, los criminales, los que están extrayendo parte de la riqueza creada por sus habitantes. No hay tampoco forma de atraer inversiones y de generar dinamismo económico local si no se pacifican esas zonas y se genera cierta predictibilidad de parte de las autoridades locales (y no súbitos y exorbitantes aumentos del predial, por ejemplo). No hay tampoco forma de seguir disminuyendo los homicidios en el país si no se ataca la estructura de protección y de impunidad que construyeron estos grupos y que les permiten seguir actuando desde auténticos santuarios regionales (o desde las cárceles). Además, la detención de medianos y pequeños perpetradores de violencia dejará progresivamente de garantizar la continua reducción en el número de homicidios (no habrá ya nada que presumir); la pacificación exigirá, cada vez más, desterrar a los políticos-criminales del control de las estructuras municipales y estatales de poder.
Y por si hiciera falta decirlo, la “pax narca” no es una opción, eso lo sabemos ya por experiencia: es frágil, impredecible y tiránica.
El gobierno enfrenta en esta tarea la resistencia, no solo de los criminales, sino también de políticos que están más preocupados por las abolladuras que estas detenciones provocan para sus marcas que por el interés del país. Pecan, como siempre, de la miopía del corto plazo, porque no hay soberanía, ni desarrollo ni generación de riqueza sin esta reconquista. No hay otro camino que el camino de Tequila y la Presidenta y su secretario de seguridad, Omar García Harfuch, ya se lanzaron en esta batalla en la que todos —todos—, necesitamos que triunfen.
