Desde 2018, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo documentan 16 casos de trata de personas, según reportó Stefany Yedra esta semana en estas páginas. Lamentablemente, la mayor parte de las víctimas son mujeres y niñas.
La buena noticia, si es que alguna, es que en 2021 y 2023 no se tiene noticia de casos de este delito. La mala, como en toda estadística delictiva, es que los datos oficiales deben ser tratados con cautela, pues existe una cifra negra de casos que no salen a la luz porque los afectados no presentan las denuncias correspondientes, según alertó el especialista en temas de seguridad, David Saucedo.
El experto comenta al menos tres estrategias que la delincuencia organizada despliega para interceptar a sus víctimas. En el caso de los migrantes, directamente en las caravanas durante su trayecto a los Estados Unidos. En el caso de las mujeres, a través de redes sociodigitales o bien, raptarlas de camino al trabajo o centro de estudios. En el caso de los varones adolescentes, por medio de centros de rehabilitación de adicciones o “anexos”, o bien, a través de falsos reclutamientos para supuestas empresas de seguridad privada.
Y aunque llevamos décadas, como sociedad, debatiendo sobre la apremiante necesidad de restablecer el tejido social y reducir las brechas de desigualdad, la delincuencia organizada sigue encontrando un campo fértil para continuar con sus operaciones.
Aunque las autoridades despliegan acciones de desarrollo social y prevención de adicciones, aún estos esfuerzos resultan insuficientes. A veces no escatimar en cautela al interactuar con personas desconocidas es la mejor de las prevenciones. Pero sobre todo, denunciar, ya que sin denuncia, no hay delito. Al menos no en los registros oficiales. Y solo hay una parte que esto le es conveniente. Y no. No es la sociedad, ni las víctimas.
