Con razón o sin ella, entre sectores empresariales y algunos contribuyentes, corre la queja de que el SAT está recurriendo a estrategias cada vez más hostiles para cumplir las ambiciosas cuotas de recaudación que se ha planteado. El gobierno asegura que simplemente está cerrando las muchas oportunidades de evasión fiscal, legales e ilegales, que existían en nuestro país. Como es sabido, México es la nación con menos recaudación proporcional al compararse con el resto de las economías importantes o equivalentes.
¿Exigencia legítima o terrorismo fiscal? Un dilema que merece un análisis de fondo, porque cualquiera de los dos puntos de vista puede encontrar datos sueltos que confirman su posición. Ese es un tema; el otro es que, al margen de la realidad, la percepción por parte de los contribuyentes adquiere vida propia y se transforma, a su vez, en factor que lleva a asumir decisiones que afectan a la economía. Para desgracia del gobierno, la gente tiende a dar más importancia a su propio bolsillo que al interés general, lo cual significa que será más receptiva a los argumentos críticos de una cruzada de recaudación, sea justa o no. El riesgo para las finanzas públicas, y en general para la actividad económica, es que en la medida en que se extienda esa percepción, los empresarios más grandes opten por estrategias internacionales para evadir al SAT, los empresarios medianos incorporen el temor fiscal a los otros factores que inhiben la inversión, y las empresas pequeñas y microempresas se vean tentadas a pasar a la informalidad.
¿Qué puede hacer el gobierno frente a este peligro? ¿Cómo evitar que la necesidad de una mayor recaudación inhiba la de por sí escasa disposición de la iniciativa privada a asumir riesgos e invertir?
De entrada, habría que decir que lo que no es opción es dejar de intentarlo. El gobierno está obligado a aumentar los ingresos públicos sí o sí. Al margen de la fuerza política gobernante, es una falla estructural que arrastra el Estado mexicano. El peso del sector público en nuestra economía es muy inferior con respecto a cualquier país del primer mundo, de nuestro tamaño o de nuestro nivel de desarrollo. Pero en última instancia no se trata de eso, es decir, de una comparación. Lo importante es que padecemos un rezago fundamental en tareas que solo el gobierno puede hacer: infraestructura clave para propiciar el crecimiento económico, modernización de la administración pública, mejoría en las condiciones de vida, salud y educación de millones de mexicanos rezagados. Lo que está en juego es la estabilidad económica y política, por un lado, y la posibilidad de generar condiciones de crecimiento, por el otro. Hoy por hoy, los recursos públicos son insuficientes para resolver estos desafíos, más allá del enorme esfuerzo que realiza el gobierno de Sheinbaum para hacerse más eficiente.
La administración pública está obligada a ampliar sus fuentes de ingreso y la recaudación es la vía más sana. Otras fuentes terminan siendo contraproducentes: expropiar conduce a fuga de capitales y parálisis de la inversión; fabricar dinero, genera inflación; endeudarse, hipoteca el futuro; financiarse de los guardaditos del sector público y de los excesos fue cartucho de una sola vez.
En suma, no queda más que recaudar. La pregunta es en qué punto es preferible una reforma fiscal de fondo en contraste a una estrategia de endurecimiento del régimen fiscal existente. La ventaja de la primera, la reforma fiscal, es que permitiría una negociación de una sola vez con la iniciativa privada y la sociedad, definición de mecanismos de apelación de los contribuyentes y compromisos del Estado a cambio de recursos adicionales importantes. Una suerte de pacto nacional, la contracara financiera del Plan México. La desventaja es que en términos políticos electorales puede ser una medida impopular. La contra argumentación es ¿si no es ahora cuando? Se tiene mayoría constitucional, la oposición está desdibujada y los niveles de aprobación del gobierno son enormes. ¿Para qué sirve el capital político si no va a utilizarse para sacar adelante una medida tendencialmente imprescindible, aunque incómoda?
Sin embargo, la otra opción, la que actualmente se sigue, no carece de lógica. Retrasar o ahorrarse la reforma fiscal en tanto la recaudación siga creciendo de manera sustancial, es decir, mientras exista margen para cobrarle a los evasores. Y en efecto, los gobiernos de la 4T han conseguido un aumento notable en la captación tributaria gracias a esta estrategia. Se ha podido pasar de un 13 por ciento del PIB a 18 por ciento en números redondos. En 2026 el SAT pretende un incremento adicional de 500 mil millones de pesos por esta vía.
No obstante, este esquema enfrenta dos problemas. Uno: importantes como son estos incrementos, se quedan muy cortos frente a las necesidades ingentes y las obligaciones del gobierno. Si bien Sheinbaum está mejorando la administración pública, los compromisos económicos siguen creciendo. Las expectativas de la población no se agotan con la derrama social actual. La eficiencia del SAT solo permite ir sacando el día a día y el sexenio va transcurriendo. Hay un costo de oportunidad por cada año que Claudia no tuvo los recursos necesarios para desarrollar su segundo piso de la 4T a cabalidad. No es que una reforma fiscal lo hubiera resuelto de cuajo, pero habría permitido un salto cualitativo en los ingresos públicos y un replanteamiento de fondo de lo que cada grupo social y económico está en condiciones de aportar.
Y el otro problema con la fiscalización intensiva que conduce el SAT es el de calibrar el momento en que comience a “topar con hueso” en la apreciación del contribuyente. El problema es que esta información no la tendrá Palacio Nacional. Los funcionarios suelen ser reacios a comunicar malas noticias al soberano. Frente al mandato de la Presidenta prefieren quedar bien arriba y no abajo. Ellos cumplirán así tengan que atemorizar a quienes pagan impuestos, algo de eso comienza a suceder. Las consecuencias no las tendrán ellos, los funcionarios del SAT que habrán cumplido con sus superiores, sino el resto de la economía, que podría verse inhibida por un comportamiento aún más medroso de parte de
los inversionistas.
Una aclaración. Reforma fiscal y cobranza rigurosa por parte del SAT no son excluyentes. Los evasores del tipo Ricardo Salinas Pliego deben ser obligados a pagar sus contribuciones en cualquiera de los dos escenarios. Estamos hablando de los otros, las muchas “personas físicas y morales” que entienden que los criterios han cambiado, que ahora el SAT interpreta de otra manera, que bien a bien no se entiende el terreno que se pisa, pero las consecuencias pueden ser mayúsculas y la posibilidad de defenderse son mínimas. Cierto o no, es una sensación que parece estarse extendiendo y no es nada bueno para la 4T. Solo espero que la Presidenta tenga la sensibilidad necesaria para calibrar el momento en que se necesite un cambio de estrategia, porque nadie va a informárselo.
