Hace unos días tuvo lugar la 28 edición del Congreso Veterinario de León. Miles de profesionales de más de 25 especialidades del cuidado animal provenientes de América Latina y otras partes del mundo se reunieron durante 4 días en el Poliforum de nuestra ciudad.
Según datos de los organizadores, más de 200 ponentes dictaron en conjunto 828 horas de conferencias en una treintena de salas simultáneas que se montaron para la ocasión. Desde hace algunos años, pero con mayor frecuencia en esta ocasión, hubo un tema que estuvo presente, aunque no se anunció en los programas de mano: el acoso digital hacia estos profesionistas y el daño reputacional que conlleva.
El mercado de la atención a las mascotas ha evolucionado en los últimos años, hasta considerar a los animales domésticos como si fueran parte de la familia. “No puedo opinar si eso está bien o no; sin embargo, es una realidad y ese es el entorno en el que nos toca actuar”, me dice un profesionista sudamericano.
Las expectativas de los tutores al solicitar un servicio en una clínica o consultorio veterinario llegan a tal grado que más frecuentemente de lo que se quisiera se provocan diferendos que por alguna razón suelen terminar ventilándose en el tribunal de las redes sociales.
“En menos de dos horas mi foto se hizo viral, me etiquetaron, y yo solo me enteré al ser llamado por la dirección del hospital”, refiere un académico. “En mi clínica contratamos un despacho de abogados especializado que se encarga de lidiar con estos casos, así como una agencia de relaciones públicas que sortea muy eficientemente estos acosos cibernéticos” refiere otro. “Por supuesto, todo ello implica costes que al final, son trasladados a los usuarios”, agrega.
Luego de escuchar repetidamente testimonios como estos, tanto en las plenarias como en corto, me quedo con la impresión de que urge un marco jurídico acorde a estas nuevas realidades que permita mantener la mesura e impedir la impunidad.
¿Por dónde empezar?
