El martes 5 de noviembre de 2024, se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el que se consideraba el último intento institucional y legalmente viable de recapacitar sobre la mal llamada “reforma judicial”. En la sesión de ese día de la Corte, se analizó y discutió el proyecto de sentencia presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que proponía invalidar diversos aspectos de dicha reforma, fundamentalmente, todo lo relacionado con el despido masivo de jueces y magistrados y la posterior elección por voto popular de los mismos. Para que fuera aprobado dicho proyecto y, consecuentemente, se declarara la invalidez de toda o parte de la “reforma judicial”, se requería una mayoría calificada de 8 ministros (a pesar de que el texto constitucional derivado de dicha reforma establece actualmente que se requiere el voto favorable de 6 ministros, por una evidente, desastrosa y desafortunada falta de técnica jurídica, al no prever un régimen transitorio congruente). El resultado de la votación fue de 7 contra 4, por lo que se desestimó la impugnación correspondiente y, por lo tanto, subsiste en todos sus términos el actual texto constitucional, con lo que ello implica.
Ante este resultado, conviene tener presente qué sigue respecto de este complejo experimento social. Los siguientes pasos, involucran, fundamentalmente, a los comités de evaluación, al Instituto Nacional Electoral (INE), el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Cámara de Diputados y a las legislaturas estatales.
Al día de hoy, ya están constituidos los comités de evaluación de cada uno de los tres poderes de la unión, mismos que ya emitieron las convocatorias correspondientes. Dichos comités son los encargados de integrar las listas de las personas que serán candidatas a cada puesto sujeto a elección. El proceso de evaluación, calificación, selección e integración del listado de personas que participarán en la elección, debe concluir, agotadas diversas etapas, a principios del mes de febrero de 2025. Cabe señalar que la gran mayoría de los jueces y magistrados en funciones cuyos cargos serán sometidos a elección en 2025, han renunciado a participar en la misma, por lo que prácticamente la totalidad de las personas juzgadoras que sean electas ocuparán por primera vez un cargo de esta naturaleza.
En paralelo, el INE debe continuar con todo el proceso de planeación y organización de la elección extraordinaria que se celebrará en junio de 2025. Entre otros temas, debe definir cuál es el presupuesto que requiere para tales efectos (se ha mencionado la cifra de 13 mil millones de pesos). Por su parte, la SCHP debe presentar ante la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de noviembre del presente año, el paquete económico para 2025, incluyendo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que debe considerarse un presupuesto específico para llevar a cabo la elección de personas juzgadoras. Corresponderá a la Cámara de Diputados definir el presupuesto autorizado, con el que INE deberá realizar la elección extraordinaria de 2025.
Por último, se encuentra transcurriendo el plazo establecido en la Constitución para que las entidades federativas realicen las adecuaciones a sus constituciones locales (a más tardar marzo de 2025), para establecer la elección por voto popular de las personas juzgadoras de los poderes judiciales locales y estructuras equivalentes a la previstas a nivel federal (tribunales de disciplina judicial y órganos de administración). En tales adecuaciones, cada entidad federativa deberá decidir si realiza las elecciones locales correspondientes en 2025 o 2027, estableciéndose en la Constitución Federal que la renovación de la totalidad de los cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en 2027.
Mientras tanto, el Poder Judicial Federal seguirá conociendo y resolviendo los asuntos de su competencia, independientemente de que hayan presentado su renuncia 8 de los 11 Ministros de la SCJN, 464 magistrados y 386 de los jueces cuyos cargos serán sometidos a votación en 2025, toda vez que tales renuncias tienen efectos al 31 de agosto de 2025, y el resto de los cargos mantendrán sus puestos hasta la elección ordinaria de 2027.
