Pocos electores miden las consecuencias de sus votos en cuanto a elección de legisladores; ignoran que tienen el poder de modificar el rumbo de una país cuando el objetivo es cambiar la estructura constitucional, la cual, en el caso de México, sistema democrático y republicano que se conquistó gracias precisamente a los votos emitidos en el Congreso, generador de las leyes, corresponde al Poder Ejecutivo aplicarlas, y al Judicial hacerlas cumplir.
Pero ese sistema que garantiza la vida institucional del país está ahora a prueba, ante la forma en que se estructurarán las próximas Cámaras que dependerán de los árbitros y los jueces electorales responsables de su aplicación y cumplimiento en el juego por la disputa del poder.
Se trata nada menos de validar y sancionar la fiscalización de los gastos de campaña, la calificación del relevo electoral de la Presidencia, y al reparto de las 200 curules plurinominales sin caer en una sobrerrepresentación que distorsionaría la voluntad depositada en las urnas.
A los árbitros y jueces electorales les toca resolver los conflictos internos en los partidos, como el caso de la reelección de un presidente de partido; la paridad en el cambio de dirigencias y en la asignación de escaños en el Congreso. El fondo del asunto está en cómo garantizar los derechos de las minorías, la pluralidad democrática y la definición constitucional de que los partidos son entes de interés público y no franquicias.
Existen 17 consejeros y magistrados electorales: los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), según el artículo 41 constitucional, los que fueron designados por la Cámara de Diputados y los magistrados del Tribunal Electoral
(TEPJF) por el Senado, con base en ternas que antes calificó la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Se trata de 11 consejeros electorales.
Por ahora, son cinco magistrados de siete, los que forman la Sala Superior del TEPJF, al que se sumará la presidenta de la Sala Regional de Monterrey, completando así el quórum para la calificación presidencial y validarla.
Lo incompleto de esta sala proviene de la omisión del Senado desde hace 20 meses, que debía de cubrir las dos vacantes… oscura estrategia de previsión de una derrota, urdida desde el más alto nivel para amordazar al Tribunal.
En otras palabras, la vida democrática estará en juego en las próximas semanas… de ahí la importancia de votar por legisladores que representen los intereses políticos de la sociedad y no de la perpetuidad.
