Está en puerta la posible aprobación de una nueva ley de medios que tiene como objetivo una especie de censura, que afectaría a la industria al supervisar los contenidos .
El arribo del periodismo al momento de actuar sin controles legales, sin la afectación a la libertad de expresión costó al país muchos años de lucha y paralelamente a la supervivencia de medios y periodistas, al grado de que se guarda una estadística de quienes en pos de su profesión, han sido desde limitados hasta sufrir persecución.
Contra la libertad de prensa no son válidos los discursos, sino el respeto a su compromiso profesional y social.
Se ha afirmado oficialmente que este proyecto de ley no intenta censurar, pero los analistas no coinciden con ese planteamiento: que se trata de modernizar y digitalizar las labores oficiales… pero actúa sin control institucional, incluyendo el poder de administrar concesiones de radio y televisión según su criterio y sin más causas que “interés público o la seguridad nacional”.
Si se aprueba la nueva ley, caerá sobre los medios, orgullo de una gran cantidad de mexicanos, problemas muy agudos, como la amenaza de cancelar concesiones o aplicar multas exorbitantes… hasta por “usar un lenguaje impropio” a criterio de la autoridad.
Esa ley en el horno da lugar a la posibilidad de cancelar, intervenir páginas web y redes por decisión de la agencia del gobierno, el cual podrá someter sus contenidos ésta para que determine cuáles son correctos y cuáles no, ya que, de acuerdo con el texto, no podrán autorregularse porque será la agencia y su código ético los que delimitarán la regulación (los códigos éticos, por definición, deben ser elaborados por cada medio).
El sentido común extrae la proverbial defensa de leyes atentatorias con el derecho, pero en este momento la empresa del medio no está segura de contar con el proverbial amparo, porque quizá dude de la protección a la libertad de expresión, dado que en una nota se vierte una opinión editorial.
Los lineamientos resucitados dicen que la información debe tener “oportunidad” y “veracidad”; que la recepción de la información debe llegar “a tiempo y forma conveniente para las audiencias”. ¿Quién puede determinar cuál es “el tiempo y forma” conveniente para una información? Quien habla del pasado, ¿estaría violando la norma de oportunidad o eso deja de ser información para ser opinión?
Los lineamientos dicen que la información debe tener “veracidad”. ¿Quién lo establece? Dice que la información difundida sobre hechos se debe encontrar respaldada por un “ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento legal”. ¿Quién puede establecer qué es un ejercicio razonable de investigación y su asiento legal? Pero lo más grave es que por el interés público, sin determinar qué quiere decir ello, o la seguridad nacional, se puede censurar, multar, cancelar concesiones… y cerrar medios
