Los asaltos que vemos con cierta frecuencia a algunas instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, destruyendo estructura, rompiendo vidrios, provocando incendios aislados, irrumpiendo en la biblioteca y tirando libros a los patios, dejan a quienes observan esos actos llamados de vandalismo, totalmente perplejos por lo irracional de los actos y la pasividad de las autoridades, que no combaten a esos cavernícolas encapuchados. Paralelamente, varios centros de estudio están paralilzados.
¿Cuánto le costó a la Nación construir… y cuándo reconstruir? Pero la pregunta sin respuesta sería, ¿por qué y para qué?
Como la UNAM nos pertenece a todos, cualquiera puede salir y reclamar, sobre todo los más afectados que son los maestros, autoridades, empleados y estudiantes, cuya indiferencia o tibieza asombra.
En lugar de que los responsables de la institución soliciten el auxilio de las fuerzas de seguridad interna o externa para garantizar la continuidad de su labor, salen unos representativos a solicitar que unos enmascarados violentos… les entreguen, por favor, su pliego petitorio (¿?)
Es cierto que ha privado cierto tipo de violencia de género en los campus de la UNAM: mil 195 quejas de violencia de género (2016 a 2019), algunas contra 188 académicos, otras 124 contra alumnos y 107 contra los trabajadores). En ese contexto, resulta legítima la demanda de la comunidad estudiantil de que haya acciones más contundentes para combatir ese tipo de violencia, pero también es cierto que en esta coyuntura otro tipo de intereses ajenos a la comunidad universitaria se han aprovechado de este problema. ¿De qué otra forma se puede pensar, si en cada manifestación hay personas que se presentan encapuchadas y vandalizan las instalaciones universitarias tratando de provocar una reacción violenta en su contra?
Dan a entender que las demandas no son atendidas, pero la verdad es todo lo contrario, gracias a nuevos protocolos que se han diseñado para facilitar que las víctimas denuncien el acoso o el hostigamiento sexual. La propia abogada general ha dicho que el 87% de esas demandas ha sido resuelto y, en esta semana, incluso se creará un organismo autónomo de la rectoría para hacer más expeditos los procesos. _
