Hay cifras que ningún discurso oficial puede maquillar. El Índice de Estado de Derecho 2026, publicado por el World Justice Project hace unos días, coloca a México en el lugar 125 de 143 países evaluados, cuatro posiciones por debajo del año anterior.
Nuestra calificación cayó 2.7% y apenas alcanzó 0.39 puntos en una escala de cero a uno.
En América Latina ocupamos el puesto 28 de 32 países y, entre las 44 economías de ingreso mediano alto, estamos en el penúltimo lugar.
Vaya transformación: mientras el gobierno presume avances históricos, México sigue acercándose al fondo de la tabla.
Pero lo verdaderamente preocupante aparece cuando revisamos los componentes del índice. México ocupa el lugar 135 en ausencia de corrupción, el 132 en orden y seguridad, el 135 en justicia civil y el vergonzoso puesto 139 en justicia penal.
Son resultados que deberían encender todas las alarmas.
Porque el Estado de derecho no es una abstracción reservada para abogados y especialistas.
Es la garantía de que nadie está por encima de la ley, de que nuestros derechos serán respetados y de que las instituciones nos protegerán cuando lo necesitemos.
Podemos apostar, con toda la certeza de salir ganando, que Sheinbaum alegará que el World Justice Project es una “organización conservadora de ultraderecha” que busca desprestigiar a los “gobiernos populares y humanistas”.
La única forma de creerle sería ignorando que gobiernos como el de Brazil (en el lugar 76) o Uruguay (sitio 22), no sólo están mejor posicionados que México sino que incluso mejoraron con respecto al año pasado.
Así es que no, no es una cuestión de ideologías sino de realidades. Y la realidad es que en México Morena y sus gobiernos se han dedicado a hacer trizas el Estado de Derecho.
Pero, preguntémonos, ¿qué significa ese deterioro para una familia mexicana? Significa vivir con miedo a sufrir un delito y no encontrar justicia.
Significa enfrentar trámites donde las influencias pesan más que los derechos.
Significa que un pequeño empresario puede perder su patrimonio sin encontrar protección oportuna. Y significa también menos inversiones, menos empresas y menos empleos bien remunerados.
El propio World Justice Project documenta que los países con instituciones jurídicas más sólidas suelen registrar mayor prosperidad, estabilidad económica y menores riesgos financieros.
Los jóvenes pueden terminar pagando la factura más cara.¿De qué sirve prepararse, estudiar una carrera o emprender si las oportunidades se reducen, la inseguridad amenaza sus proyectos y el esfuerzo personal compite contra el favoritismo?
Cuando las reglas dejan de ofrecer certidumbre, muchos talentos encuentran más razones para buscar su futuro fuera del país que para construirlo aquí.
Los gobiernos de Morena prometieron combatir la corrupción, terminar con los privilegios y transformar las instituciones. Después de ocho años, los resultados internacionales obligan a cuestionar seriamente el rumbo.
México necesita recuperar contrapesos, garantizar una justicia independiente, combatir efectivamente la impunidad y ofrecer seguridad jurídica a quienes trabajan, invierten y emprenden.
Porque una verdadera transformación debería significar más justicia, más libertades y mejores oportunidades.
No un país donde el futuro de sus jóvenes se hunde junto con el Estado de derecho.
No un México en el que un mesías de barro, y su imitadora, pisoteen las instituciones y las leyes a nombre del “pueblo
