Pocas políticas públicas permiten observar con tanta claridad la distancia entre una promesa gubernamental y la experiencia cotidiana de las familias como el sistema de salud. Durante los gobiernos de Morena se sustituyó el Seguro Popular por el Insabi y, posteriormente, buena parte de la atención a población sin seguridad social pasó al IMSS-Bienestar. Más allá de la discusión ideológica sobre esos modelos, los resultados disponibles permiten cuestionar si la transformación logró ampliar efectivamente el acceso a servicios oportunos y suficientes.
Entre 2018 y 2024, las cirugías realizadas en instituciones públicas disminuyeron 6% y las consultas médicas generales 21%; además, dejaron de realizarse 41 millones de estudios clínicos respecto de los niveles previos. En contraste, las cirugías en hospitales privados crecieron 33% y las consultas privadas de especialidad aumentaron 17%. El gasto en salud de los hogares más pobres creció 54% entre 2018 y 2022.
El fenómeno continúa. Un estudio citado en 2025 encontró que 68% de los mexicanos consultados buscaba atención médica privada y apenas 32% acudía al IMSS, ISSSTE o servicios del Bienestar; 37% terminaba en consultorios anexos a farmacias. Y esto tiene consecuencias económicas: la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, elaborada por el INEGI) 2024 estimó un gasto promedio de bolsillo de 6,421 pesos anuales por hogar, del cual 38.3% corresponde a medicamentos. En los hogares de menores ingresos, la proporción destinada a medicinas llega al 50%. Enfermarse, además, se está volviendo cada vez más caro. Para 2026 se estima que la inflación médica privada podría alcanzar 14.8%, mientras entre diciembre de 2018 y junio de 2026 los medicamentos acumularon un incremento de 53.6%, frente a 40% de inflación general. La explicación no es solamente el encarecimiento tecnológico: especialistas del CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.), identifican también la escasez de médicos y el desplazamiento de pacientes hacia el sector privado cuando la atención pública resulta insuficiente.
Incluso proyectos presentados como solución al desabasto dejan dudas sobre su funcionamiento. En agosto pasado, El Universal documentó escasa actividad en la llamada Megafarmacia del Bienestar: decenas de andenes vacíos y pocos vehículos entrando o saliendo. Trabajadores señalaron que el inmueble ya no opera como el gran almacén nacional originalmente anunciado, sino como punto de recepción, preparación y reenvío de pedidos.
Y aquí aparece una contradicción fiscal difícil de ignorar. Para 2026 el gasto público en salud representa apenas 2.6% del PIB, todavía muy lejos del 6% utilizado como referencia internacional por el CIEP. Además, el gasto por persona con seguridad social es 2.3 veces el destinado a quien depende del IMSS-Bienestar. Mientras tanto, el costo financiero del Gobierno Federal para 2026 se estimó en 1.33 billones de pesos, equivalente a 3.4% del PIB. A junio, la medida amplia de deuda pública superaba los 19 billones de pesos y equivalía al 51% del PIB; Hacienda sostiene que permanece en niveles sostenibles.
Ese contraste merece una discusión seria. El problema no consiste simplemente en cuánto se endeuda un país, sino en qué capacidad pública queda construida con esos recursos. Cuando una familia paga impuestos y cotizaciones y después debe volver a pagar consulta, estudios y medicamentos porque el servicio público no responde, la protección social pierde sentido.
“Primero los pobres” ha sido uno de los lemas centrales del proyecto político de Morena. Los datos de salud ofrecen una forma concreta de someter esa promesa a evaluación: observar quién está recibiendo atención, cuánto debe esperar y cuánto termina pagando de su propio bolsillo. En materia de salud, ninguna consigna sustituye una consulta, un medicamento o una cirugía a tiempo.
