Por considerar que se compromete la estabilidad financiera de la Red Estatal de Autopistas (REA) y que se invaden las atribuciones del Ejecutivo estatal, el gobernador Samuel García vetó el decreto que permite la gratuidad temporal de las autopistas durante la realización de obras de construcción, rehabilitación o ampliación de infraestructura que afecten la movilidad.
La mañana del viernes, personal de la Consejería Jurídica del Gobernador entregó las observaciones en la Oficialía de Partes del Legislativo, en las que se argumenta que dicho decreto era una invasión del Legislativo al Ejecutivo estatal.
“La adición del artículo 17 BIS contenida en el Decreto 238 compromete la estabilidad financiera del Organismo, vulnera los principios constitucionales de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, y contraviene el marco legal hacendario aplicable a la afectación de ingresos públicos en las Entidades Federativas.
“Por la afectación a fuentes de pago, garantías constituidas y riesgo de vencimiento anticipado, ello dado que los derechos de cobro e ingresos derivados del peaje en la red carretera estatal no constituyen recursos ordinarios de libre disposición para el organismo”, señaló el organismo.
La suspensión del cobro de peaje impuesta por una disposición legislativa, detalló el gobernador en la observaciones, altera directamente las proyecciones de flujo de efectivo pactadas en los contratos respectivo.
“Además, genera los siguientes efectos perjudiciales inmediatos, como la actualización de causales de incumplimiento, ya que se detonarían inmediatamente las cláusulas de vencimiento anticipado de los créditos contratados o de las emisiones de certificados bursátiles vinculados a los peajes.
“Asimismo, puede provocar la exigibilidad de restituciones y fondos de reserva, al obligar a la restitución inmediata de los depósitos en los fondos de reserva por degradación en la razón de cobertura delservicio de la deuda, detalló.
La aplicación de la política pública, precisó el mandatario, resultaría en el incremento del costo financiero y degradación crediticia, y que provocaría la aplicación de tasas de interés moratorias y penalizadoras.
El Estado acusó que la integración de una Junta de Gobierno y la participación de un diputado y dos Alcaldes en ella vulneraba la división de poderes.
“La integración de la Junta de Gobierno prevista en el artículo 4' del Decreto 238, contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, por contradecir los principios constitucionales de división de poderes y trasgredir la autonomía e independencia que debe existir en el ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo”, detallan en el oficio.
Dicho veto es el número 184 que consuma el gobernador Samuel García en su administración.
La reforma, aprobada el pasado 5 de octubre, precisa que cuando se lleven a cabo obras de construcción, rehabilitación o ampliación de infraestructura, la REA suspenderá el pago de peaje durante el tiempo que subsista dicha afectación.
Esto solo procederá cuando las autoridades competentes hayan declarado formalmente la afectación a la movilidad.
Que las obras se encuentren dentro de Nuevo León y en un tramo cuya afectación impida o limite el uso adecuado de las vialidades.
Además de que se realice un estudio de impacto de movilidad conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad, y se evalúe si la exención del peaje constituye una medida idónea.
Y que la autoridad responsable de la ejecución de la obra se coordinará con la REA y con Movilidad para la exención de peaje en el Periódico Oficial del Estado.
También determinar los tramos y periodos en los cuales procederá la medida, basado en la congestión prolongada o la reducción de carriles disponibles en vialidades, que incremente los tiempos de traslado, y desviación de flujos de tránsito hacía autopistas.
nrm
