Hay algo que conviene recordar ahora que la crisis del IMSS vuelve a hacerse visible en hospitales, consultorios y hasta en las calles: el Seguro Social no es una dádiva del gobierno.
No es un servicio que algún gobernante pueda presentar como muestra de su generosidad.
Es un sistema que se sostiene fundamentalmente mediante aportaciones de trabajadores, empleadores y gobierno federal.
El propio IMSS reconoce este esquema tripartito: durante cada semana cotizada, trabajador, patrón y Federación realizan aportaciones.
Por eso, recibir atención médica digna no es pedir un favor. Es ejercer un derecho por el que se ha pagado durante años.
Ese principio permite dimensionar la injusticia de lo que hoy ocurre. Según datos retomados por Coparmex, en 2024 había 53.6 millones de derechohabientes del IMSS. De quienes necesitaron atención y efectivamente la recibieron, apenas 45.9% fueron atendidos por el propio Instituto; cerca de 16 millones tuvieron que buscar atención en otro lugar.
Es decir: personas que ya contribuyeron al sistema terminan pagando nuevamente una consulta particular, estudios o medicamentos porque aquello que financiaron no estuvo disponible cuando lo necesitaron.
El golpe al bolsillo tampoco es menor. Entre 2022 y 2024, el gasto de los hogares en salud aumentó 7.9% en términos reales, hasta alcanzar un promedio de 6 mil 421 pesos anuales.
Más preocupante aún: de acuerdo con datos de México Evalúa, entre 2018 y 2024 el gasto real en medicamentos de hogares encabezados por personas afiliadas al IMSS aumentó 98%. Se paga la cuota y después se vuelve a pagar en la farmacia. Difícilmente puede llamarse a eso seguridad social efectiva.
Y mientras trabajadores del Instituto denuncian falta de personal, medicamentos, insumos, equipamiento e infraestructura, el proyecto presupuestal para 2027 plantea reducir en términos reales 5.9% los recursos del IMSS destinados a medicamentos, material médico y de laboratorio: aproximadamente 7 mil 373 millones de pesos menos.
El CIEP confirma esa disminución, aun cuando el gasto agregado nacional en estos rubros aumentaría.
Aquí aparece una de las contradicciones que los gobiernos de Morena deben explicar.
Se pretende ampliar la cobertura y hacer avanzar la universalización, mientras el sistema que atiende a quienes ya cotizan enfrenta saturación, carencias y presiones financieras.
Coparmex advierte, además, que IMSS e IMSS-Bienestar comparten infraestructura de segundo y tercer nivel, generando cargas adicionales que deberían contemplarse en la planeación financiera.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a presumir cuántas personas están “cubiertas”. Cobertura sin medicamentos, médicos suficientes ni atención oportuna es una cifra, no un servicio de salud.
Quien trabajó veinte o treinta años aportando al Seguro Social no debería llegar enfermo a escuchar que no hay medicamento, que la cita tardará meses o que tendrá que buscar atención privada. Fortalecer al IMSS exige presupuesto suficiente, transparencia, planeación y respeto a sus trabajadores.
Pero exige, sobre todo, recordar algo elemental: el dinero del Seguro Social no nace de la generosidad del gobierno.
Es dinero aportado para proteger a los trabajadores cuando más lo necesitan.
La realidad es muy fácil de constatar: al tiempo que López Obrador y Sheinbaum endeudaron al país como nunca en la historia de este país, los servicios públicos sufrieron el mayor deterioro que hayan experimentado durante gobierno alguno.
Ello prueba, entre otras cosas, que los billones de pesos de pasivos que solicitaron se aplicaron en otras cosas o simplemente desaparecieron.
Y entre los servicios públicos que sufrieron mayor deterioro está el de la atención a la salud, incluido el IMSS , pese a que se sostiene las aportaciones que, también, salen de tu bolsillo.
