Tras una audiencia de más de cuatro horas desarrollada en las instalaciones judiciales de Puente Grande, el Juez Sexto Penal, Francisco Castellanos, dictó auto de vinculación a proceso en contra de cuatro de los participantes de la protesta del pasado 11 de octubre.
Los imputados son Teodoro Torres Valdés, Juan Darío Muñoz, Alexis Guzmán Ríos y Samuel Morales, quienes habían sido aprehendidos tras los enfrentamientos registrados por la calidad del suministro de agua frente a la sede del Ejecutivo estatal.
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La investigación se desarrollará en un transcurso de 6 meses
El impartidor de justicia autorizó un plazo de seis meses para el desahogo y cierre de las investigaciones complementarias requeridas por el Ministerio Público.
No obstante, la autoridad judicial determinó que los cuatro señalados lleven el seguimiento de sus expedientes en libertad, fijando medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Con ello, se garantiza su libre tránsito mientras concluye la etapa procesal. La reanudación de la diligencia ocurrió a las 10:30 horas de este viernes 16 de octubre.
Esto se dio luego de que los abogados defensores solicitaran a inicios de semana la ampliación del término constitucional a 144 horas, con la finalidad de recabar testimonios y estructurar los alegatos correspondientes.
A lo largo del desahogo del caso, las defensas técnicas señalaron presuntas violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los jóvenes durante y después de los arrestos.
Entre las anomalías expuestas ante el juez se denunciaron presuntos actos de tortura, inconsistencias en los registros de puesta a disposición e insuficiencia de pruebas físicas o documentales que demuestren la autoría de los delitos atribuidos.
Debido a las irregularidades señaladas en el armado de las carpetas de investigación, el equipo legal manifestó su confianza en que, una vez finalizado el periodo de investigación complementaria, se decretará la inocencia de los cuatro procesados.
CH
