Durante años, Andrés Manuel López Obrador repitió una frase que pretendía resumir todo un proyecto político: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
El problema aparece cuando revisamos qué ocurrió cada vez que una investigación, una denuncia o una resolución alcanzó al propio expresidente o a integrantes de su familia.
Pío López Obrador fue captado en videos recibiendo dinero en efectivo de David León. La Fiscalía investigó el posible delito electoral y, en octubre de 2022, determinó no ejercer acción penal por considerar insuficientes los elementos para llevar el caso ante un juez. Jurídicamente, eso debe reconocerse: no hubo delito acreditado.
Pero tampoco desaparecieron las imágenes ni las preguntas sobre el origen y destino de aquel dinero.
Felipa Guadalupe Obrador, prima del entonces presidente, era propietaria de Litoral Laboratorios Industriales.
Pemex reconoció su participación en contratos públicos y terminó rescindiendo cuatro de ellos precisamente porque contravenían la instrucción presidencial de evitar negocios gubernamentales con familiares.
Los contratos tenían un presupuesto conjunto de 312 millones de pesos, aunque a Litoral le habría correspondido un máximo de 77.7 millones. Hubo cancelaciones e investigaciones a funcionarios; no una sanción personal contra la familiar del presidente.
Después vino la llamada Casa Gris de José Ramón López Beltrán. La vivienda pertenecía a un exdirectivo de Baker Hughes, contratista de Pemex.
Una auditoría externa contratada por la propia empresa concluyó que no había encontrado conflicto de interés ni irregularidades. Otra vez: eso debe decirse.
Pero también debe preguntarse por qué tantos asuntos relacionados con la familia presidencial terminaron convertidos en controversias públicas sin que hubiera una explicación institucional capaz de cerrar definitivamente las dudas.
Y alrededor de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, investigaciones periodísticas han documentado contratos públicos obtenidos por empresas vinculadas con personas de su círculo cercano, entre ellas Amílcar Olán.
Que exista cercanía no demuestra por sí misma un delito; precisamente por eso correspondería a instituciones independientes investigar y despejar cualquier sospecha.
Pero el problema no termina en la familia. El Tribunal Electoral acreditó que López Obrador vulneró principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad desde sus conferencias mañaneras.
En julio de 2024, incluso determinó infracciones relacionadas con el uso de recursos públicos y expresiones de contenido electoral.
También exhibió públicamente el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, lo que provocó una investigación del INAI por una posible vulneración de la legislación sobre datos personales.
Una democracia no puede funcionar bajo la lógica de que investigar al poderoso equivale a perseguirlo.
La verdadera prueba del Estado de derecho ocurre precisamente cuando la ley debe revisar los actos de quienes gobernaron y de quienes estuvieron cerca del poder.
López Obrador decía que por encima de la ley no había nadie. México necesita instituciones capaces de demostrar que aquel “nadie” incluye también a los López y a los Obrador.
