La semana pasada conocimos los resultados del Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project. México cayó al lugar 125 entre 143 países.
Una cifra preocupante que ahora encuentra un ejemplo concreto en la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral, después de la renuncia de Guadalupe Taddei, envuelta en graves señalamientos de presunta corrupción.
La Auditoría Superior de la Federación investiga posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos públicos.
Se han documentado contrataciones cuestionadas, pagos sin justificar y vínculos de funcionarios con empresas proveedoras.
A ello se suman quince renuncias de servidores públicos cercanos a la antigua presidencia.
Las investigaciones deberán establecer responsabilidades, pero el daño a la confianza institucional ya exige respuestas.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Conviene recordar que Taddei asumió la presidencia del INE en 2023, mediante un sorteo, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la Cámarade Diputados.
Sin embargo, no hay que olvidar el beneplácito con el que fue recibido el resultado en Palacio Nacional: "honesta y una mujer íntegra" fueron las palabras con las que se refirió el nefasto López Obrador a la “suertuda” de Taddei.
Posteriormente, en 2024, Morena impulsó una reforma que le permitió designar unilateralmente a los titulares de áreas estratégicas, sin la aprobación del Consejo General.
Una institución diseñada para funcionar mediante decisiones colegiadas terminó concentrando facultades fundamentales en una sola persona.
No sólo los partidos de oposición intentamos frenar la locura; desde el propio INE, consejeras y consejeros advirtieron sobre el peligro al que estaban exponiendo al Instituto los irresponsables y sumisos legisladores oficialistas.
Ahora resulta que nadie quiere hacerse responsable. La presidenta Claudia Sheinbaum pretende deslindar a Morena recordando que Taddei había iniciado su trayectoria electoral mucho antes de llegar al INE.
Pero ese argumento evade la cuestión esencial: fue durante el gobierno de López Obrador cuando llegó a la presidencia del Instituto y fueron legisladores de Morena quienes ampliaron sus atribuciones.
Esas decisiones políticas están documentadas y no desaparecen por cambiar el relato.
El problema trasciende a una funcionaria o a un partido. La democracia necesita instituciones capaces de actuar con independencia, resistir presiones políticas y someter sus decisiones al escrutinio público.
Cuando la confianza personal sustituye los contrapesos, aumentan los riesgos de discrecionalidad y abuso.
Precisamente eso nos recuerda el Estado de Derecho: nadie, por popular que sea, debe estar por encima de las reglas.
La salida de Taddei no basta. Se necesitan investigaciones independientes, sanciones cuando correspondan, revisión de los nombramientos y recuperación de las decisiones colegiadas. Renunciar no es transparentar.
También hace falta un proceso plural y de cara a la ciudadanía para elegir a quien encabece el INE.
México no necesita un árbitro electoral cercano al gobierno ni sometido a la oposición. Necesita uno que responda exclusivamente a la Constitución y a los ciudadanos.
Porque las elecciones deben decidirlas los votos, no quienes controlan las instituciones. Si Morena y sus gobiernos —el real y el de facto, ese que mueve los hilos desde Palenque— insisten en meter sus sucias manos en el INE, no duden que México seguirá yendo en picada en el Índice del Estado de Derecho.
Y esas no son buenas noticias para nadie
