En México hemos normalizado una idea profundamente peligrosa: que cada estado registre sus vehículos como quiera, que las bases de datos no se comuniquen entre sí y que, si un auto con placas foráneas comete una infracción, atropella a una persona o acumula multas, el sistema simplemente no tenga cómo seguirle el rastro.
Ese fue uno de los temas que discutimos durante el Segundo Encuentro de la Coalición de Movilidad Segura, realizado en Morelia, Michoacán, del 22 al 24 de abril. Y aunque a primera vista podría parecer un asunto técnico o burocrático, en realidad estamos hablando de una falla estructural que tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas.
Hoy, un vehículo con placas de otro estado puede circular por una ciudad, cometer infracciones, evadir fotomultas, acumular adeudos o incluso estar involucrado en un hecho vial grave, sin que exista un sistema nacional plenamente articulado que permita identificarlo, sancionarlo y darle seguimiento de manera efectiva.
En otras palabras: el país tiene carreteras, ciudades y policías locales, pero no cuenta con una memoria común sobre los vehículos que circulan en ellas. Y eso no es un detalle menor: hablamos de impunidad.
Cuando decimos que “cada estado registra sus vehículos como quiere”, lo que estamos señalando es que México opera con fragmentos. Fragmentos de información, fragmentos de responsabilidad, fragmentos de justicia.
Un auto puede ser visible para una autoridad y prácticamente invisible para otra. Las placas, que deberían funcionar como una herramienta de identificación y rendición de cuentas, terminan convirtiéndose en una forma de escape.
Pero el problema se vuelve todavía más grave cuando hablamos de seguridad vial. En un país donde todos los días mueren personas en hechos de tránsito, permitir que los registros no “hablen” entre sí es aceptar que la vida peatonal vale menos que la comodidad administrativa.
Según datos retomados por organizaciones ciudadanas como Ni Una Muerte Vial y Céntrico, una parte importante de los conductores responsables de atropellamientos huye. Y cuando el sistema no puede encontrarlos, el mensaje es brutal: atropellar y escapar puede salir gratis.
Por eso urge un Registro Nacional Vehicular unificado, funcional, interoperable y orientado a la seguridad pública, no solo a la recaudación o al trámite. Un registro que permita cruzar información entre estados, identificar vehículos con adeudos, sanciones o antecedentes, y cerrar el vacío legal que hoy permite que cambiar de placas sea una estrategia para borrar responsabilidades.
Pero también hay que decirlo con claridad: si no existe, no es porque falte tecnología. La tecnología existe. Lo que falta es voluntad política.
Quienes tienen el poder de aprobarlo saben que un sistema así tocaría intereses. Terminaría con privilegios. Haría más difícil esconder multas, circular sin consecuencias o usar la fragmentación institucional como escudo. Y quizá por eso se ha pospuesto tanto.
Mientras tanto, las personas seguimos caminando como visitantes en nuestras propias ciudades. Cruzamos calculando si el auto va a frenar. Pedimos permiso aunque tengamos preferencia. Asumimos que, si nos atropellan, algo hicimos mal. Y si el conductor huye, nos resignamos a escuchar la frase de siempre: “¿qué le vamos a hacer?”.
Sí hay algo que hacer. Mantener este problema como está nos cuesta vidas. Y lo más grave es que el Estado lo sabe.
