Todo indica que la actual administración toma con mayor seriedad el tema del crecimiento económico. Tanto la Presidenta como el secretario Marcelo Ebrard se han pronunciado al respecto. Anunciaron iniciativas orientadas a impulsar la inversión mediante esquemas mixtos; en principio, se trata de propuestas necesarias y bien encaminadas.
Según lo anunciado, se destinarían 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030, a sectores estratégicos como energía, salud, infraestructura —carreteras, puertos y agua—, educación y aeropuertos. En papel, el plan luce ambicioso y atractivo, pero la experiencia nos obliga a ser cautelosos; a lo largo de nuestra historia, muchos programas de esta magnitud se han quedado en promesas que rara vez se materializan.
Esta vez parece haber una intención más firme de avanzar, pero para que estas iniciativas se conviertan en una realidad será indispensable cumplir con condiciones previas. La principal es otorgar plena certeza jurídica al sector privado, ya que los inversionistas necesitan la seguridad de que los proyectos que se propongan, negocien y aprueben serán respetados; para ello es imprescindible fortalecer el estado de derecho.
México no puede permitirse decisiones improvisadas que cancelen proyectos estratégicos ya en marcha, como ocurrió con el Aeropuerto de Texcoco, un caso grave si se considera que la inversión era pública. En los nuevos esquemas, donde participará capital privado, la certidumbre debe ser absoluta.
Será necesario abordar cambios profundos en el sector energético, incluso de carácter constitucional. Antes de la administración pasada, este sector se había abierto a la inversión privada bajo un marco legal respaldado por la Constitución; la posterior reversión de ese esquema envió una señal muy negativa tanto a los mercados como a los inversionistas.
No cabe duda que, después de la inseguridad, la insuficiente inversión pública y privada ha sido uno de los principales factores que han limitado el crecimiento económico del país. La inversión pública debe reenfocarse en infraestructura productiva; no es un lujo, sino la base mínima que cualquier país debe ofrecer para atraer y desarrollar nuevas industrias.
Resulta imposible pensar en atraer inversión si no se cuenta con estos insumos esenciales. Y hay que decirlo con claridad: las ideologías de extrema izquierda han dañado la confianza de los inversionistas.
El Estado debe guiar y regular, no ser operador exclusivo de los negocios. En el sector financiero, contar con un banco central autónomo que regule la actividad ha sido clave. En el sector energético, convertir a Pemex en un monopolio ha sido una de las decisiones más costosas para el país.
Ojalá que estas iniciativas se traduzcan en hechos y no se queden en el discurso; aunque para lograrlo es indispensable hacer las cosas bien: dar certeza jurídica, respetar los compromisos y construir un entorno que incentive la inversión; solo así, México podrá retomar una senda sostenida de crecimiento económico.
