Esta semana ha sido una de las más visibles para el movimiento de las mujeres en nuestro país. Si bien el feminismo no nació ayer, sino que tiene por lo menos 100 años de existir, lo que ha pasado en los últimos días es una nueva etapa para erradicar la desigualdad y garantizar el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. El reclamo que se dejó escuchar en la manifestación del 8 de marzo y la ausencia de nosotras el 9 de marzo es sin duda la inauguración del camino a la equidad. De ninguna manera me refiero a que las cosas estén resueltas, sino que la visibilidad que hay ahora, significa un momento clave para avanzar en ciertos temas de la agenda de las mujeres.
Los gobiernos tienen una gran responsabilidad en la crisis en materia de violencia de género que vive nuestro país. El argumento de los gobiernos de que nuestra vida personal no es su responsabilidad es falso. La impunidad que persiste en los casos de violencia de género que sí se llegan a denunciar es responsabilidad del gobierno. La falta de políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia es responsabilidad del gobierno. La falta de programas institucionales dedicados a que los hombres trabajen y entiendan nuevas formas de relacionarse dentro de la sociedad también es responsabilidad del gobierno. El trato que reciben las mujeres trans en los servicios públicos de salud también es responsabilidad del gobierno. Así podría continuar la lista.
Para ello, es necesario contar con capacidades institucionales que generen este tipo de políticas públicas y programas sociales, o de contar con agentes del Ministerio Público con la capacidad de atender a una víctima de violencia de género para no generar procesos de revictimización. Para que esto se vuelva una realidad, el gobierno debe inyectar recursos a las instituciones que deben generar estas políticas.
Para el ejercicio 2020, por ejemplo, tan solo para el ramo administrativo se destinaron en Defensa Nacional $94,028,694,246, en seguridad y protección ciudadana $60,150,695,893, para Marina $33,557,785,594. En contraste, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable contempla únicamente 91 millones de pesos para el Programa de atención a las mujeres en situación de violencia. El presupuesto también contempló erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, y nuevamente la Secretaría de la Defensa Nacional es de las más premiadas con $124,795,655 que para nada son transparentados y pueden ser utilizados discrecionalmente. Esto es solo un ejemplo, pero es abismal la diferencia entre los presupuestos millonarios de la política de seguridad fallida frente a la prioridad que demanda la crisis de violencia contra la mujer.
Claramente para el ejercicio 2020 la agenda de las mujeres no fue una prioridad. La política militarizada de seguridad no ha funcionado y aun así el gobierno le sigue apostando cantidades millonarias a fuerzas armadas. La seguridad de las mujeres depende de esas políticas y de los recursos que se destinan a las instituciones. Si el gobierno tiene la voluntad de que esto cambie, la primera señal de su voluntad debería ser el cambio en sus prioridades presupuestales.
@maiteazuela
