Son ya 15 periodistas asesinados durante este gobierno. ¿El Estado asume la responsabilidad que tiene para protegerlos? ¿Si la mayoría de los casos de amenazas denuncian como principales sospechosos a funcionarios públicos, por qué se mantiene un mecanismo que ignora este señalamiento?
Cada vez que sucede un asesinato se levantan las voces clamando protección y herramientas de investigación a las amenazas de muerte que reciben los comunicadores y activistas antes de que se materialicen. Sin embargo, no se toman medidas urgentes para la reformulación de estrategias de protección efectiva.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó un diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el que concluyó que algunos de los 62 beneficiarios entrevistados destacaron que siguen vivos en buena medida por el apoyo del mecanismo; sin embargo, este instrumento sigue siendo una respuesta insuficiente.
Para quienes hemos vivido de cerca una intimidación o una amenaza de muerte por nuestra labor de comunicación o de defensa de derechos, resulta familiar el hecho de que el mecanismo de protección es una herramienta frágil que tiende a ser simulatoria, empezando porque la evaluación que se realiza para determinar si la víctima corre riesgo no cuenta con criterios objetivos y se determina sin allegarse de información adecuada y sin la participación efectiva de la víctima en las medidas de protección otorgadas.
En el proceso interrogatorio que se lleva a cabo para la evaluación del riesgo se incluye la participación de autoridades federales y fuerzas armadas, lo que resulta en una inevitable revictimización de las y los periodistas que recurren al mecanismo. Además no se les incluye en el resto de las etapas de definición de medidas de protección.
La ONU lo dijo con todas sus letras: no hay recursos humanos suficientes para operar el mecanismo. A esto yo añadiría que no solo hacen falta más servidores públicos, sino que deben estar capacitados y contar con conocimientos técnicos para realizar una evaluación de riesgo. Existe total descoordinación con el resto de las autoridades que pueden compartir información, como podría ser la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. No se realiza ningún estudio de contexto y particular del riesgo, y mucho menos evalúan las necesidades particulares de protección que requiere cada periodista o activista en riesgo. Lo que es más desconcertante es que no analizan la labor periodística ni la trayectoria de las víctimas para definir las medidas protectoras.
Las prioridades no solo se revelan en el discurso, sino que se respaldan con presupuesto, y en el caso del mecanismo queda claro que no es por ahora una prioridad de este gobierno. Pese a las necesidades urgentes de fortalecerlo, al presupuesto se le ha reducido casi 40 por ciento de lo que se le destinó en 2017 y 2018.
De acuerdo con las cifras del propio mecanismo, 55 por ciento de los casos en que se registraron agresiones, los perpetradores eran funcionarios públicos. Si este dato no es la clave de la ruta de prevención que debe tomar el Estado, ¿entonces cuál?
@maiteazuela
