No nos cuidan, nos violan. Así es de rudo y realista el hashtag que circula estos días en redes sociales en México para evidenciar la tortura sexual a la que son sometidas las mujeres en una detención.
No hay mejor forma de adentrarse en la oscuridad de los miles de casos que conocer de cerca la historia de alguna de estas mujeres. De acuerdo con las declaraciones que levantó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, una patrulla de la policía municipal hizo una señal para que la camioneta en la que viajaba Mónica Esparza se detuviera, el 12 de febrero de 2013 en Torreón. La acompañaban su esposo y su hermano, quienes fueron detenidos para “una revisión de rutina”. Mónica decidió acompañarlos en la patrulla hasta la Dirección de Seguridad Pública. Una vez ahí, su esposo y su hermano fueron encerrados en una bodega rotulada con la leyenda “Campo de tiro”. Dos horas después llegó un oficial que empezó a abofetear a Mónica, tras amenazarla de muerte, la introdujo en la misma bodega. Mónica alcanzó a ver que, tanto su hermano como su pareja, estaban desnudos y eran golpeados violentamente; en el lugar había hombres vestidos como militares y como policías municipales.
Mientras la interrogaron le infligieron golpes y tocamientos en los pechos, la cara y el cuello, la desnudaron y la violaron tumultuariamente vía vaginal, anal y oral. Posteriormente violaron a su esposo frente a ella. A solicitud de alguien que se identificó como actuario del Poder Judicial de la Federación, firmaron una demanda de amparo que supuestamente había solicitado la madre de Mónica y que tendría efectos para que cesaran los actos de tortura e incomunicación. Sin embargo, ella fue violada nuevamente. Los trasladaron a las oficinas de la entonces PGR. El esposo de Mónica murió en el camino. Los policías se llevaron el cuerpo y hasta el día de hoy no se sabe su destino. Ya en las oficinas de Ciudad de México, Mónica firmó una confesión tras ser amenazada por un agente del Ministerio Público que le advirtió que de negarse a firmar mataría a sus hijas y a su madre. No supo de qué se le acusaba.
Hoy Mónica tiene 33 años, ha pasado seis en prisión. Tiene cuatro hijos pequeños con quienes no puede convivir. Está acusada de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo de fuerzas armadas. Su expediente está integrado con pruebas derivadas del proceso de tortura y violaciones a derechos humanos al que ella y su familia fueron sometidos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016: 40.9 por ciento de las mujeres fueron violadas cuando la detención fue realizada por la Marina, 20.9 por ciento cuando fueron detenidas por el Ejército, 13.5 por ciento de las mujeres aprehendidas por policías ministeriales, por policías federales 12.6 por ciento, por policías estatales 10 por ciento y por policías municipales 9.9 por ciento. El porcentaje de hombres violentados sexualmente no alcanza a ser la cuarta parte del de las mujeres.
Quizá por ahí debe comenzar la justicia: castigando a los violadores y torturadores uniformados, capacitando y previniendo estos abusos sistemáticos, garantizando que quienes deben cuidarnos, sepan realmente lo que eso significa.
@maiteazuela
