El afán de atender el tema de drogas como tema de persecución y abordarlo con una estrategia de guerra desató la defensa de perspectivas punitivas que han traído más problemas que soluciones. Los años pasan, los diferentes partidos ocupan el poder y se sigue abandonando la posibilidad de que el tema de drogas sea tema de salud pública con estrategias de legalización.
En contraste, el abuso de la prisión preventiva es justamente resultado de estas perspectivas que acotan la solución a la coerción, sin ninguna consideración de contexto, sin referente alguno de que esa política haya dado resultados medibles y, por si fuera poco, sin un cálculo aterrizado de las condiciones en las que están las prisiones del país ni de la temporalidad que tienen los juicios de aquellos que caen en prisión en tanto se demuestra su inocencia.
Si hay un incremento evidente en el número de personas en prisión preventiva, de ese creciente grupo, el más representativo es de aquellas acusadas de cometer delitos contra la salud. No se imagine usted que son los grandes líderes de cárteles quienes entran en estos grupos, son en cambio, las personas que tienen un papel secundario y de bajo perfil en las redes delictivas. En estos grupos hay una buena parte de mujeres que al caer presas terminan desamparadas.
De acuerdo con EQUIS Justicia para las Mujeres, “en el fuero federal los delitos contra la salud son la primera causa de encarcelamiento y en el fuero común el número de mujeres presas por este tipo de delitos aumentó en un 103% entre 2016 y 2018”.
Si atendemos el revelador dato de que existen 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, entenderemos que el andamiaje de procuración de justicia y la estrategia de guerra contra las drogas incrementa el número de presas, sin que disminuya el poder de los cárteles, pero eso sí, saturando los centros penitenciarios y afectando el entorno familiar de cada una de esas mujeres que cae en prisión.
Andrés Manuel López Obrador afirmó que la guerra contra las drogas no es vigente. Durante su administración tendrá la oportunidad de dar un giro de 180 grados para demostrar su convicción con esta idea. Justamente ayer se puso sobre la mesa una propuesta elaborada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y EQUIS Justicia para las Mujeres con la finalidad de atender estas problemáticas. Se reunieron con varias senadoras y senadores de la República con el objetivo de proponer un mecanismo legal para la liberación de las mujeres que han sido víctimas de la política de drogas. A la par de la excarcelación, establecen la necesidad de que se implementen estrategias integrales de reinserción social, con las que se ofrezca a estas mujeres diferentes rutas para retomar su vida.
Las soluciones propuestas podrían ser la pauta de una transformación de la política punitiva, por ahí se debe comenzar. Sin embargo, será indispensable que el gobierno federal y el Poder Legislativo impulsen reformas legales de alto calado para modificar realmente la política de drogas con una perspectiva de salud pública y de derechos humanos.
@maiteazuela
