A casi año y medio de gobierno, en medio de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, y en una inminente crisis económica, el proyecto de la Cuarta Transformación parece no avanzar y estar a punto de entrar en una crisis de la que difícilmente se podrá recuperar.
Sin embargo, durante estos primeros meses de gobierno hay acciones que son útiles y rescatables. Uno de esos proyectos que están cargados de simbolismo y que fortalecen el Estado de derecho es la Ley de Amnistía.
Por ahora está dirigida a mujeres que abortaron, personas que portaban narcóticos, indígenas que no contaron con traducción, acusados de robo simple, acusados de sedición, etc.
La Ley de Amnistía, desde una perspectiva de política pública, es fundamental para la vida pública del país al menos por las siguientes cuatro razones:
Primero. Beneficia a poblaciones en situación de vulnerabilidad (mujeres, pobreza, indígenas, etc.) que fueron detenidas, procesadas o sentenciadas por un delito no grave.
Segundo. Es un golpe a la política punitiva que, como se ha documentado, no es funcional para reducir la incidencia delictiva. Únicamente llena los reclusorios de personas que cometieron delitos menores. Hace contrapeso contra las últimas reformas que incrementan el número de delitos para prisión preventiva y, con suerte, se convierten en referente para darles marcha atrás.
Tercero. Puede significar una apuesta para sentar precedentes sobre una nueva política de reinserción social. Actualmente en México, las cárceles no son centros de readaptación social a pesar de que así se les nombre. En todo caso son, para muchos presos, un centro de entrenamiento delictivo.
Cuarto. Es una oportunidad para dar la amnistía a personas que se ha documentado han sido víctimas de detenciones arbitrarias, acusadas por delitos que no cometieron y mujeres que han sido víctimas de tortura sexual. En las cárceles hay personas que se encuentran presas por ser víctimas de violaciones de derechos humanos: por ejemplo, a quienes les fue practicada la tortura para autoincriminarse.
Dado que la Ley de Amnistía beneficia únicamente a las personas procesadas en el fuero federal, debería replicarse en el fuero común, lo cual podría disminuir la sobrepoblación para mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad.
Hay que decirlo con todas sus letras: la Ley de Amnistía no es liberar delincuentes, es ofrecer una segunda oportunidad a quienes pudieron equivocarse por algo menor, o porque fueron presionados por alguien más, o porque no se garantizó el debido proceso, pero principalmente es un acto de justicia para las personas que nunca tuvieron por qué haber pisado una prisión.
Por ahora serán cerca de 3 mil personas las beneficiadas directamente por esta amnistía. Es indispensable ahora que se defina la ruta sobre el proceso de libertad, reinserción y acompañamiento –que deriven de la Ley de Amnistía–. De una implementación eficaz depende que la medida beneficie a más personas.
Llegó la hora de ponerle recursos y estrategia al proceso de reincorporación de las y los presos que saldrán a la vida de afuera, sin mayores recursos para rehacer su historia y en un momento en el que los de afuera estamos concentrados en el encierro. No los olvidemos.
@maiteazuela
