Durante la tarde del domingo pasado, 11 elementos del Ejército fueron detenidos por habitantes de El Cháuz, una comunidad ubicada en el municipio de La Huacana, estado de Michoacán. Varios integrantes de la comunidad los mantuvieron retenidos una vez que les sustrajeron las armas que llevaban consigo.
Las declaraciones del gobernador Silvano Aureoles son dignas de revisarse: “Lo que pasa es que hubo un hecho de agresión por parte de algunos civiles armados a los elementos del Ejército, se repelió la agresión y hubo dos civiles muertos, lamentablemente también un menor de edad lastimado”. De esto podemos interpretar que hubo un primer evento de violencia entre integrantes de la comunidad y que el Ejército disparó. Sabemos ahora que entre los agredidos murieron dos civiles.
Los pobladores de La Huacana aseguran que retuvieron a los militares porque estuvieron presentes en los asesinatos, además de bloquear la entrada a la comunidad. Respondieron también la agresión que realizaron soldados contra una camioneta de autodefensas, donde un menor y su padre resultaron heridos, bloqueando las entradas a la comunidad.
Aureoles aseguró: “Los militares que participaron están bien, están a salvo y todo, pero se dio este hecho, a raíz de esta agresión y que el Ejército repelió y desarmó a varios que andaban armados, por cierto, con armas de muy alto calibre; eso se resolvió ayer mismo por la tarde, yo estuve monitoreando personalmente el tema”. En este sentido, es indispensable atender el hecho de que la población que retuvo a los soldados ya no estaba armada.
Ante la revancha comunitaria que retuvo a los integrantes del Ejército, los soldados reaccionaron sin violencia. Pese a que fueron sometidos a vejaciones y humillaciones, mantuvieron la calma y atendieron las instrucciones de no atacar. Los militares fueron liberados ese mismo domingo y no hubo más muertes que lamentar.
Diferentes reacciones, diferentes resultados. Algunos celebramos y reconocemos la valentía y la templanza de los soldados que renunciaron a la violencia. Otros exigen que se defiendan ante este tipo de agresiones. Entre ellos el ex presidente Felipe Calderón, que en sus redes sociales solicitó que “les dejen defenderse”. Sin embargo, este no debe ser un asunto de sugerencias, sino de protocolos.
En el entendido de que se han aprobado las leyes secundarias que otorgan marco jurídico a la operación de la Guardia Nacional, este ejemplo queda como anillo al dedo para atender las preocupaciones que al respecto emitió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México. Asegura que la ley abre la posibilidad de que se haga uso de la fuerza para “control de multitudes” independientemente de que estas multitudes tengan un comportamiento violento o no lo tengan. Alerta que no contamos con una “debida regulación” del uso de la fuerza letal ni de su gradualidad. Nos advierte además que no se reguló lo suficiente la proporcionalidad y el uso diferenciado de la fuerza.
Sin protocolos seguiremos teniendo civiles abatidos o soldados sometidos. Ninguna es aceptable.
@maiteazuela
