El pasado lunes, la familia LeBarón fue víctima, una vez más, de la crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa nuestro país y que parece incontrolable para los tres niveles de gobierno. En este suceso fueron asesinadas tres mujeres y seis menores de edad, entre ellos dos bebés.
El ataque sufrido por la familia LeBarón no es el primero del que tenemos noticia este año, en el que las víctimas pertenecen a la población menor de edad y se da en el norte del país. Recordemos que la madrugada del 25 de agosto de este año, un comando irrumpió cuando una fiesta familiar se desarrollaba en un rancho en Chihuahua y comenzó a disparar; en ese evento fallecieron Lindsay, de 14 años, y sus hermanas Sherlyn y Artleth, de 13 y 4 años, respectivamente.
En el primer trimestre de este año se registraron en promedio 3.2 casos de homicidios dolosos diarios en los que las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU, en 2011 y 2015, urgió al Estado mexicano para cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizado por el alto impacto negativo en la niñez mexicana.
El contexto de violencia y crimen organizado por el que atraviesa nuestro país desde hace casi ya 13 años, no solo ha dejado un gran número de víctimas menores de edad, sino que el problema se radicaliza hasta el otro extremo: un gran número de niñas, niños y sobre todo adolescentes forman parte de las filas del crimen organizado. La Comisión interamericana de Derechos Humanos en su informe “Niñez, violencia y crimen organizado 2015” afirmó que la estimación de niños y adolescentes que participan activamente con grupos de delincuencia organizada llegaba, entonces, a las 30 mil personas menores de edad.
Tan solo un día después del asesinato de la familia LeBarón, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sin el menor cuidado y, peor aún, sin contar con una investigación ministerial que apoyara sus dichos, informó que el ataque pudo haberse tratado de una confusión. El gobierno mexicano tiene que entender que la ciudadanía no merece informes improvisados y desinformados. La impunidad que prevalece en el país no se resuelve con la presunción o las creencias de las autoridades en torno a qué fue lo que pasó, sino con investigación seria que coloque a las víctimas en el centro, dé con los responsables y ofrezca a las víctimas indirectas (familia) la garantía de verdad y justicia.
Hoy el gobierno mexicano no puede evadir su responsabilidad dando un mensaje político de que fue no fue el Estado, sino el crimen organizado. Estamos ante una situación donde el Estado mexicano es responsable —por acción u omisión— de los actos del crimen organizado.
Hoy el Estado debe dar respuestas serias y mostrar la voluntad política para repensar su estrategia de seguridad. La infancia afectada por la violencia hoy interpela a las autoridades; todas nuestras niñas y niños merecen un destino distinto al de víctimas o de los sicarios. La estrategia de seguridad no se los ha ofrecido.
@maiteazuela
