La revelación de la riqueza que posee la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, podría ser el parteaguas de la caricaturización en blanco y negro con la que se sostiene el discurso de polarización. Saber que en la 4ta transformación hay funcionarios con altísimo poder adquisitivo podría ser un buen primer paso para la desmitificación de los fifís pudientes con malas intenciones y desprecio por los pobres. Además, debería ser el detonante que anule la discrecionalidad de hacer pública la totalidad de la declaración patrimonial de cualquier funcionario.
Latinus documentó que Irma Eréndira Sandoval recibió por parte del Gobierno del Distrito Federal, encabezado entonces por el actual canciller Marcelo Ebrard, un terreno de 253 metros cuadrados en el sur de la ciudad y que forma parte de otras propiedades, que rondan los 60 millones de pesos, lo que resulta en un monto cinco veces superior al presentado en su declaración.
Aunque las imprecisiones del medio no merman el hecho de la opacidad en la declaración, es indispensable señalarlas para entrar con justicia a una discusión de fondo. El gobierno de Ebrard en aquel momento regularizó un terreno de la secretaria, que no es lo mismo que regalárselo y, por otro lado, efectivamente los bienes inmuebles están declarados, pero lo que se ocultó fueron los montos correspondientes.
Esperaríamos que la evidencia de que Irma Eréndira Sandoval cuente con un patrimonio millonario genere deliberaciones urgentes dentro de la 4ta transformación en dos sentidos:
Uno, abandonar de una vez por todas la caricatura de que todas las personas con cierto poder adquisitivo son corruptas, racistas y clasistas. El mejor ejemplo de ello sería la propia Irma Eréndira Sandoval ¿su patrimonio la convierte en una adversaria? ¿Debería avergonzarse de poseer bienes por montos millonarios? Por supuesto que no, siempre y cuando pruebe que fueron adquiridos lícitamente y sin favoritismos.
Dos, predicar con el ejemplo. La encargada de fiscalizar a los funcionarios para que no incurran en actos de corrupción o conflictos de interés tendría que ser el referente de integridad para mostrar sin tapujos su patrimonio.
En vez de ofrecer disculpas por ocultar la información, se presentó con un discurso a la defensiva.
John Ackerman, esposo de la secretaria Sandoval e integrante del Comité Técnico Evaluador del Instituto Nacional Electoral, acompañó la defensa con una frase opuesta a la lucha anticorrupción que abanderaban otrora desde la academia: “no estamos obligados a explicar nada a nadie”.
La falta de compromiso con la rendición de cuentas se arropó con un blindaje forzado en el que sus compañeros de gabinete hicieron copy paste de un tuit para defenderla. Era una buena oportunidad para poner en práctica los cursos de honestidad y transparencia desde la función púbica. Su reacción quizá nos ofrezca más elementos para entender la negativa de emitir sanciones para el caso de Bartlett.
Se abre una posibilidad para que la cuarta transformación modifique sus planteamientos. Tener patrimonio propio cumpliendo con la ley es totalmente legítimo, ocultarlo siendo funcionario público es inadmisible. La falta no radica en poseer, sino en la forma en la que se adquiere y se esconde lo que se tiene.
