Se cumplen hoy cinco años de la desaparición de nuestros 43 normalistas. El gobierno federal ha descartado la llamada verdad histórica y, mediante la conformación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación, buscará nuevas rutas de investigación acompañado de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Es entonces un momento clave para no descartar ciertos datos e hipótesis y profundizar en los procesos de integración de evidencias. Seguramente hay varias rutas, pero es notorio la marginal atención que la verdad histórica de Enrique Peña Nieto le dedicó a la presencia del Ejército en este caso. ¿Este gobierno procederá de forma distinta?
Recordemos que, como el GIEI lo señaló en su momento, la Secretaría de la Defensa Nacional era la institución responsable de manejar los videos del C4 que capturaron los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014. A través de este Centro de control, comando, comunicaciones y cómputo tuvieron la posibilidad de conocer la ruta que seguían los estudiantes y la persecución previa a la desaparición. Esos videos no se conocen completos y las bitácoras coincidentemente tienen lagunas de información en horarios precisos en que lo ocurrido debió haber quedado documentado.
Por otro lado, dos militares vestidos de civiles, a los que se les denomina OBI (Órgano de Búsqueda de Información) estuvieron presentes durante los hechos. Uno de ellos en el Palacio de Justicia de Iguala, justo en el momento en que los estudiantes estaban siendo bajados del autobús a manos de policías municipales. Esto consta en la declaración de uno de ellos ante la PGR, quien incluso tomó una fotografía, la cual no fue entregada inmediatamente a la PGR. Aquel militar estaba enviando información en tiempo real al Batallón 27 en Iguala, por órdenes de mandos superiores.
Sumemos a esto varias denuncias sobre la presunta relación de algunos de los elementos del Ejército con el crimen organizado de la región, incluso testimonios de que una de las personas a la que llamaban El Satánico, que era elemento del Ejército, estaba involucrado en el tráfico de armas de la zona. Puede ser casualidad que Sidronio Casarrubias, a quien se le identifica como uno de los líderes de Guerreros Unidos, sea hermano del capitán del Ejército José Alfredo Casarrubias Salgado, quien en ese momento estaba adscrito a Aguascalientes. Sidronio fue detenido en octubre 2014.
Finalmente, no habrían de descartar los señalamientos de aquella narcomanta que apareció el 30 de octubre de 2014, firmada presuntamente por El Gil, en la que señalaba a varias personas de estar involucradas, entre ellos “Barbosa y Crespo del 27 Batallón”. El capitán José Martínez Crespo estuvo activo la noche en que los estudiantes desaparecieron.
El gobierno federal dio una buena señal cuando descartó la propuesta del general Salvador Cienfuegos para ser relevado por el general Alejandro Saavedra Hernández, quien era el comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo la noche del 26 de septiembre. Ahora le corresponde no marginar ningún tipo de información en la búsqueda de la verdad.
@maiteazuela
