La Guardia Nacional inició oficialmente casi en paralelo al quinto aniversario de la masacre de Tlatlaya. Si la fecha coincidente nos obligaba a reflexionar sobre las exacerbadas facultades que adquiere un cuerpo de seguridad militar de facto y civil por norma, la lista de actos impunes que se deriva de este referente hace imperante que se dé celeridad al proceso de justicia que parece haber quedado suspendido en el pasado.
Recordemos primero. De acuerdo con el testimonio de Clara Gómez González, cuya hija resultó muerta en los hechos, fueron 22 las personas detenidas en una bodega ubicada en San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había señalado que esta detención fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo del crimen organizado e integrantes del 102 Batallón de Infantería. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que, aunque estos civiles ya se habían rendido, entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas.
Para el caso Tlatlaya, la instrucción de “Abatir delincuentes en horas de oscuridad” fue acreditada por el Centro Prodh, demostrando que los mandos del Ejército habían dado la orden de disparar a los delincuentes que se habían rendido. Este documento contrarresta las declaraciones del cuerpo castrense que aseguraban que las muertes habían sido resultado de un enfrentamiento. Además de las declaraciones de tres mujeres que aseguraron que los ataques a los civiles se realizaron una vez que estaban detenidos.
Iniciemos la lista de actos impunes. De acuerdo con el informe de la CNDH, los sobrevivientes fueron torturados para no declarar sobre lo ocurrido. Además, tuvo evidencia de que la escena del crimen había sido alterada. La Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Fue un juzgado militar el que absolvió a seis militares acusados y a otro más le dio una sentencia de un año de prisión por desobediencia. Aunque la entonces Procuraduría General de la República consignó la averiguación realizada por la Sedena, no presentó pruebas suficientes sobre la identidad de los soldados y a pesar de que se había probado que las ejecuciones fueron arbitrarias, los siete soldados fueron liberados en mayo de 2016.
Clara Gómez no ha descansado para exigir justicia y en 2017 se consiguió una sentencia que obligó nuevamente a la PGR a realizar investigaciones agotando la cadena de mando que instruyó el abatimiento. Sin embargo, la ahora Fiscalía General de la República no ha emprendido suficientes esfuerzos para el esclarecimiento del caso y el desmantelamiento de la complicidad con la que se ha encubierto a los responsables.
La Guardia Nacional nace seguida de una protesta de policías federales que, ante la evidente naturaleza militar que el cuerpo ha adquirido al abandonar el carácter civil que se le otorgó constitucionalmente, se sienten marginados. La impunidad de cinco años del caso Tlatlaya que favorece a integrantes de fuerzas armadas que violaron derechos humanos en tareas de seguridad pública, será también el referente de un inicio que requiere urgentemente un equilibrio civil y reglas explicitas para la rendición de cuentas.
@maiteazuela
