Ahora sí que ni de panzazo. México sigue con malos indicadores en materia de percepción de corrupción.
Contarnos todos los días que el gobierno va contra los “malos”, contrasta con la realidad que viven las personas al sentir que el Estado ha hecho muy poco para disminuir los efectos de este fenómeno social, sobre todo en cuanto a impartición de justicia.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, edición 2022, realizado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, el país obtuvo, por tercer año consecutivo, 31 puntos —donde 100 sería la mejor calificación posible y cero la peor—.
En 2019 y 2020, México había mejorado en la evaluación; pero se estancó.
Además, sigue siendo el país peor evaluado en el G20, solo por delante de Rusia, quien tuvo una calificación más baja que México, entre las veinte economías más grandes del mundo.
El estudio, elaborado por personas expertas de todo el mundo, reveló que la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción dados a conocer en la agenda pública y medios de comunicación, como Odebrecht y la Estafa Maestra; o los más recientes como el de Agronitrogenados en PEMEX y de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.
Para la ciudadanía es claro que la corrupción frena el desarrollo social e impacta de forma negativa la reducción de las desigualdades sociales porque incrementa las brechas, que con el tiempo se convierten en agudas grietas difíciles de cerrar.
Pese a los esfuerzos institucionales, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la valoración del estudio apunta al débil aparato de impartición de justicia, que se usa, una vez más, con intereses políticos electorales, haciendo deficiente la recuperación de activos
En conclusión, los años de corrupción e impunidad han dejado heridas sociales que no podrán cicatrizar sin la recuperación de activos, la reparación de daño a las víctimas y las garantías de no repetición.
Los dichos no sirven si no están acompañadas de acciones de Estado a favor de la consolidación de la democracia y en contra de los intereses políticos y partidistas.
