La frontera sur del país ha vivido una violencia atroz en los últimos días.
En el municipio Frontera Comalapa más de tres mil personas han tenido que salir de sus hogares por el asedio de la violencia criminal, registrada desde el pasado 25 de mayo.
Las imágenes son desoladoras. Hombres, mujeres, niños y niñas, caminando abriendo brecha en las montañas, para llegar a un lugar que les permita estar a salvo.
Los más jóvenes han salido ante el temor de ser reclutados por los grupos de narcotraficantes que se disputan el control de la zona.
Pobladores del sector hablan de una cifra de 60 personas fallecidas, sin embargo, no hay un dato oficial sobre el número de muertes registradas al momento.
Ninguna autoridad ha dicho nada sobre el tema, pese a que circulan un sinfín de videos en las redes socio-digitales que documentan lo ocurrido.
En ellos, se ven hombres con armas de grueso calibre, carros hechizos conduciendo en la zona y las estrategias ya conocidas, de los grupos para sembrar terror en las comunidades.
Apenas la tarde del lunes 29 de mayo, efectivos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional realizaron un acto para anunciar ante los medios de comunicación su entrada en la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala.
En el informe Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del estado, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, se documentó que entre el año 2010 y octubre del 2022, se han desplazado de forma forzada al menos 16 mil 755 personas.
De 2021 a mayo de 2022, al menos 400 familias han abandonado sus comunidades por la violencia generada de la disputa del control territorial de los grupos criminales.
No se necesita ser un erudito para percatarse que guardar silencio ha sido la decisión de los tres niveles de gobierno, en un contexto nacional de comicios electorales del próximo domingo y las peleas entre el poder Judicial y el Ejecutivo.
Pero lo más alarmante, es la omisión de demorar la movilización de las fuerzas federales, que ahora se consuma en graves violaciones a los derechos humanos y víctimas inocentes.
Este silencio habla de una evidente condición de ingobernabilidad, no sólo en Chiapas sino en todo el país.
