Se espera este miércoles 7 de octubre sea dado a conocer el dictamen del Senado de la República respecto a las modificaciones al decreto de la ILE.
El lunes, se llevó a cabo una Reunión de Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Salud y Estudios Legislativos; entre los argumentos de ponentes quedó clara la polaridad de las ideas, donde la información objetiva, laica y con perspectiva de género queda fuera por parte de las y los opositores.
La iniciativa plantea que, a partir de los 12 años, niñas y adolescentes no necesitarán tener el permiso familiar o de tutores para interrumpir un embarazo; respecto a las menores de 12, si las personas responsables se rehúsan a aprobar la decisión, autoridades sanitarias podrán solicitar de forma oficial la intervención de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, las cuales podrán autorizar interrumpir el embarazo de la infante, una vez se le haya informado a ésta de sus derechos.
Entonces, se propone tener un marco legislativo que establezca cómo es que este derecho humano será otorgado, sin más especulaciones, criminalización, acoso y estigmatización por parte del personal médico, autoridades y en un largo plazo, la sociedad.
Para ello importa comprender lo gravísimo del problema señalado por organizaciones como OMS, UNICEF y la OCDE; la última coloca a México en primer lugar de embarazos infantiles. Estamos hablando que mil menores quedan embarazadas cada 24 horas en México (CONAPO).
Ser consciente de que ningún embarazo infantil es provocado de forma consensuada es una obligación del Senado. Otro dato de CONAPO: la concepción en niñas de 10 a 14 está vinculada con abuso o violencia sexual y el riesgo de muerte materna es mayor, además de afectar su crecimiento y desarrollo cognitivo, socio-emocional, físico y psicológico al no estar preparada en ningún sentido para dar a luz y ejercer una maternidad.
No hay un marco legal suficiente que proteja a las niñas y adolescentes para una vida digna y una maternidad deseada; no existe visibilización, ni estrategias concretas contra el abuso y violencia sexual que viven cada día dentro y fuera de casa; finalmente, de no atenderse correctamente el problema con una educación sexual objetiva, científica y oportuna, no existirá un avance en derechos humanos y justicia social para niñas y adolescentes.
Un debate conciso y objetivo es algo que como nación le debemos a las niñas.
