La disputa por la nación se centra ahora en el mercado eléctrico y su apropiación por parte de compañías privadas, muchas de ellas extranjeras, apoyadas en una ley aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que permite el abuso y la apropiación de la generación eléctrica a favor de empresas privadas nacionales y extranjeras.
Derivado de esto, el gobierno promovió una reforma a la ley de la industria eléctrica que fue aprobada por el Congreso y publicada el 9 de marzo del 2021, la cual fue tildada de inconstitucional, porque entre otras cosas supuestamente atentaba contra los derechos humanos a un ambiente limpio, creaba un monopolio estatal, impedía la libre competencia y pretendía evitar los denominados costos marginales, eufemismo para establecer los precios de la electricidad referidos al generador más caro, es decir, la energía solar y la eólica se venden como si se generaran con gas.
Esta ley fue impugnada por la vía de amparo y dio origen a una serie de amparos, que fueron concedidos por los supuestos jueces especializados y por algunos colegiados, congelando la ley eléctrica y quedando su destino pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En respuesta a esto el presidente presentó una iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico el 30 de septiembre del 2021, la cual está pendiente de aprobarse en el Congreso y se espera sea votada en el pleno este 13 de abril del 2022.
Cuando se consideraba perdida la reforma eléctrica del 9 de marzo del 2021, el proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahif, resuelve que la norma impugnada no es anticonstitucional, pues no vulnera la libre competencia en el sector eléctrico por haberse modificado el orden del despacho eléctrico, que tampoco vulnera el derecho a un ambiente sano y que no hay violación al principio de irretroactividad, además de que la revisión de contratos obedece a un interés público y que la Secretaría de Energía emita criterios de planeación eléctrica no vulnera la autonomía de la comisión reguladora de energía.
Dio respuesta a los siete conceptos de invalidez presentados por los senadores, declarándolos infundados y también desechó la controversia interpuesta por el gobierno de Colima, es decir, deja firme la ley impugnada.
La disputa por la nación continua, las compañías extranjeras han gastado millones de pesos para comprar conciencias a fin de mantener su proyecto apropiatorio. Esperemos que el 5 de abril, fecha en que se votará en el pleno el proyecto de sentencia, esta se confirme y prive la razón.
Julio C. Vega Olivares
