Llegué a Iguala para reportear unos días después de la desgracia del 26 y 27 de septiembre del año pasado. Había muchas versiones acerca de las razones por las cuales habían desaparecido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Conforme pasaban los días la narrativa de la monstruosidad tomaba forma. La versión más sólida a lo largo de varios meses fue la que apuntaba hacia el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Se documentó que desde mucho antes de lo ocurrido aquella noche había imputaciones contra ambos: por asesinatos, por desapariciones, por amenazas, por nexos con el crimen organizado.
Casi un año después, si uno revisa la investigación de la PGR y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay evidencias e indicios contra ambos que no han sido desvirtuados. Por ejemplo, el GIEI detalla numerosas llamadas (12) entre Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala (todavía prófugo), y Abarca en aquella infausta madrugada del 27 de septiembre (la última a las 02:42 horas de la mañana). Mientras sus policías y los de Cocula arremetían una y otra vez en distintos puntos de la ciudad contra normalistas, ellos hablaban repetidamente.
Los policías, criminales con placas, obedecían órdenes. Era imposible que Abarca y Flores no supieran lo que hacían sus subordinados o que éstos se les hubieran salido de control. De ser así hubieran dado parte a otros órdenes de gobierno. Por el contrario, Flores mintió en llamadas que le hizo la comandancia del Ejército en el lugar: afirmó que no pasaba nada en la ciudad, cuando los militares ya sabían lo que estaba ocurriendo. Abarca hizo lo mismo cuando fue contactado por el gobierno estatal.
En cualquier caso, tanto la PGR como el GIEI tienen la misma hipótesis final: que por la brutalidad y amplitud del operativo contra los jóvenes se trató de un asunto orquestado por el crimen organizado (incluidos los delincuentes con placa y fuero). Si se debió a una delación imprecisa que los criminales locales asumieron como buena en el sentido de que los estudiantes eran enemigos, o porque creyeron que entre los chavos iban infiltrados miembros de un cártel rival (Los Rojos, incluido alguien apodado Delta Nueve, producto químico utilizado para acelerar la floración de mariguana), o porque los normalistas tomaron por error un autobús que viajaría hacia Estados Unidos cargado de droga (el ya célebre quinto autobús), es algo que está por determinarse. Y mientras ese móvil no quede perfectamente establecido, este caso no podrá cerrarse.
Pero de que fue el narco, junto a policías a su servicio, y aparentemente con la venia del alcalde, todos coinciden en que fue el narco. Falta conocer con certeza el porqué. Nada más y nada menos...
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